Informe de la CIDH raya el límite de lo absurdo, si bien no se esperaba un comité de aplausos con lo acontecido en Colombia desde el mes de abril, preocupa la resonancia de un pronunciamiento, politizado y protector, que se alinea con quienes abiertamente están en contra del sistema democrático. Invitación de los comisionados del ente internacional tristemente deja en el ambiente que los derechos humanos solo aplican para quienes violan la ley. Aceptar bloqueos, limitar al Esmad, elogiar el vandalismo y coartar la función policial es inaudito y deja claramente establecido que se está en el marco de una sociedad en la que quienes defienden el orden jurídico son acusados y estigmatizados. Vías de hecho, violación a la libertad de movilidad, restricciones alimentarias, limitación al trabajo, barrera sanitaria y obstáculos a la educación fueron avalados bajo la intromisión y mirada complaciente del ente interamericano.
Observaciones y recomendaciones del organismo rector, que dice defender los derechos humanos, es cuestionada al denotar la falta de imparcialidad en un documento que por ningún lado hace alusión al terrorismo urbano, la conformación de milicias o células ciudadanas, la decapitación de motociclistas, el asesinato preterintencional al atacar ambulancias e impedir el paso de enfermos, las bombas incendiarias y demás barbaridades vistas, en el marco de la protesta “pacífica”, por parte de la que se identifica como la primera línea y sus secuaces. El caos y la violencia, que han reinado en Colombia en los últimos días, llaman a reconocer que desmanes han existido de cada uno de los lados y eso es reprochable. Psicología del miedo, perturbación del orden público, está distante de la marcha pacífica que quieren hacer creer al mundo ha existido en el país.
Complejo panorama se avizora en el escenario internacional para Colombia ante la irresponsable visión de la CIDH, que se atrevió a opinar de lo que ocurre al interior de la nación haciendo caso omiso de las extralimitaciones que cometen quienes están orquestados por las desmovilizaciones guerrilleras y aquellos que fungen de progresistas en un pacto histórico por el país. Impunidad latente que se congracia con esos que hace unos años secuestraban, asesinaban y torturaban, pero ahora son adalides de la moral sin siquiera haber pagado por sus delitos en una cárcel. No hay manera de justificar lo que un sector político busca, hacer prevalecer los derechos de unos pocos, sobre los de todo un país, desde la verborrea de sus militantes. Degradación de los derechos está en el reclutamiento de menores que es cohonestado por movimientos que escudan dicho acto reprochable desde una desgastada ideología de izquierda.
Falsa ilusión fue creer que la pandemia y los problemas sociales del país cambiarían al colectivo de la nación, lejos de la empatía, la tolerancia y la solidaridad que se espera de los colombianos, la de hoy es una sociedad con escasos niveles de fraternidad y mayores índices de egoísmo. Comportamiento individual está conexo a la irresponsabilidad: el abuso de menores, la corrupción, el vandalismo, la propagación del contagio Covid. Actos que deben ser condenados enérgicamente se naturalizan al legitimar el terrorismo urbano. Vehemencia que acompañó a la CIDH para condenar al estado colombiano es la que se espera tuviera de manera equitativa con las masacres de las FARC, las atrocidades de la dictadura en Venezuela, el orden democrático de los cubanos, el asesinato de jóvenes y apresamiento de opositores en Nicaragua; paradójico y absurdo es avalar las graves afectaciones sociales y económicas generadas por una conducta delictiva.
Colombia como estado social de derecho ha demostrado que es tolerante con la protesta pacífica, la libre expresión del ciudadano, y por ello exalta la necesidad de una mano firme que atrape, judicialice y encarcele a los criminales que apuestan por desestabilizar el gobierno para saciar los fines electorales de la oposición. Es deber del Estado evitar las muertes, los bloqueos, mal llamados cortes de ruta por la CIDH, sin que se atropelle o increpe a la fuerza pública y las víctimas de la protesta; duele saber que para el organismo protector de los derechos humanos quienes murieron por los bloqueos tuvieron la culpa de darle mala imagen al grupo terrorista conocido como la “primera línea” de la protesta. Proceder de los integrantes de la comisión interamericana parece apostar por la promulgación de una cultura progresista que tiene como fin acabar con las democracias de los países.
Fuerte debe ser la reacción del ejecutivo ante el actuar ruin y nefasto que emplea una oposición sin criterio, ni ética; la violencia se debe combatir con todo el peso de la ley y el orden, con genocidas no se dialoga. Mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia que fue anunciado por la CIDH, antes que contribuir a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad, es la injerencia indebida de un estamento de monitoreo en los asuntos internos del país y la extralimitación de funciones de un organismo al que solo le compete el tema prioritario de derechos humanos. Nadie puede afirmar que en Colombia no se propende por garantizar una vida digna con libertades y facultades institucionales que luchan por reivindicar la realización personal y social del ciudadano sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, posición económica o cualquier aspecto de otra índole.
Muestra de desprecio por el sistema productivo y la anulación de cualquier plan para superar la pobreza es pretender normalizar los bloqueos y el uso desproporcionado de la fuerza para conseguir un fin político, económico o social; narrativa del todo gratis que promueve la oposición bajo la ley del mínimo esfuerzo en un estado benefactor. Respeto a la vida, solidaridad con las víctimas, es no desconocer la violación de los derechos al trabajo, la libertad y la vida de los colombianos en medio de los bloqueos; pronunciamiento de la CIDH deja clara una pretensión de que la fuerza pública no cumpla con su deber constitucional de garantizar la paz y seguridad de la población. Miles de videos, fotos y testimonios que circulan por el ecosistema digital son testimonio fehaciente de que lo que se tiene en Colombia trasgredió hace tiempo los límites de la protesta y el inconformismo ciudadano.
La CIDH, como idóneo sistema de la izquierda latinoamericana, se deslegitima al acusar al gobierno de quebrar la constitución, debate sobre los bloqueos, las denuncias de desapariciones, asesinatos y violaciones refutan un informe que asevera que el 89% de las actividades de movilización en el marco del paro fueron pacíficas. Si bien la protesta en la calle en un comienzo fue por el aumento de la pobreza, el sistema tributario regresivo y el bajo gasto social, el objetivo se perdió en el transcurso y el terrorismo hizo presencia con múltiples violaciones de derechos humanos que fueron desconocidas por los comisionados que visitaron a Colombia. Informe conocido esta semana es una apología al delito alejado de un diagnóstico equitativo y acertado que incluya recomendaciones valiosas para ayudar a frenar los abusos que cada noche cometen los sosegados protestantes, mártires que desde la capucha, la arenga y la piedra vandalizan las poblaciones nacionales.
Nula voluntad de diálogo y disposición al entendimiento que existe, al interior del comité del paro, invoca a buscar un mecanismo internacional verdaderamente imparcial y que conozca las realidades de las regiones colombianas. Sujetos despojados de ideologías con disposición de escuchar a todos los actores de un conflicto y sopesar lo que ahora ocurre en las calles sin diferir de la realidad. Desconocer la violencia y el vandalismo en medio del paro, responsabilizando de todo a la fuerza pública, es encubrir actos asesinos y destructivos de los marchantes que ahora adoctrinan niños para el terrorismo y fueron incapaces de construir país desde el ejercicio de la democracia como corresponde, en las urnas y con el trámite de iniciativas políticas en el legislativo.
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