División y desigualdad de la derecha, egocentrismo y hambre de poder de la izquierda, son foco de un peligroso entorno de células ciudadanas que escudan su ideología de desestabilización en la piedra, la capucha y la incoherencia que se apoderó de las calles ante la laxitud de mano firme por parte de la autoridad gubernamental y la fuerza pública colombiana. Conmoción social se materializó en la impunidad que da licencia para destruir, extorsionar, restringir la movilidad, acabar con el transporte público, atentar contra la vida y arruinar los bienes públicos y privados; estandarte de campaña política que quieren emplear quienes, en antología al amor que dicen promulgar, representan la anarquía y el caos que acompaña a esos sujetos que quieren fungir como mártires de un pacto histórico que lucha por una Colombia humana.
Frente del horror que pide no estigmatizar a los jóvenes y clama por el respeto a los derechos humanos, mientras los viola flagrantemente, dejó ver que lejos de ser una fuerza pacifista, lo que se tiene en la vía pública es un plan para perturbar el orden desde la financiación de fuerzas oscuras, de la filosofía de izquierda, que quiere traer a la nación el socialismo del siglo XXI. Terrorismo urbano, populismo barato, que impulsa una campaña política desde la destrucción económica y social que admitió la permisividad de mandatarios locales, que ahora se rasgan las vestiduras al ver la descomposición y las bandas de micro–tráfico que rondan los campos de concentración, donde se refugian quienes se identifican como la primera línea de la protesta. Cúmulo de idiotas útiles que son orquestados por caudillos humanos que desde la comodidad de las redes sociales incitan al odio para sacar provecho de cara a los próximos comicios.
Accionar violento que se tomó a la masa protestante desvirtúa cada día los efímeros triunfos conseguidos por cientos o miles de ciudadanos que marcharon con la esperanza de un verdadero cambio. Harakiri, que se aplicaron quienes apostaron por financiar una primera línea para tumbar un gobierno, terminó por desnudar la incapacidad argumentativa, de una corriente política, para construir país. Inestabilidad, inseguridad y violación de los derechos al trabajo, el estudio, la movilidad y la seguridad atomizó un colectivo social que atónito ve que irresponsables promueven y sufragan el galimatías político que ya se vislumbra de cara al 2022. Valor del derecho a pensar y actuar diferente sucumbe ante la intimidación que ejercen quienes dicen operar porque no tienen para comer, para estudiar, vivienda digna y menos una oportunidad laboral, pero en el fondo apuestan por un régimen del terror que quiere acabar el equilibrio democrático de los colombianos.
Hipocresía política que sistemáticamente representa trampa y traición, como métodos para satisfacer su egolatría, es la que siguen y veneran los integrantes de la primera línea, nóveles ciudadanos electores que van hipnotizados bajo la histeria oportunista y el acomodo de una retórica inútil que ahora los representa, pero, más temprano que tarde, les dará la espalda. Flaco favor con la democracia es idealizar a un adalid de la inexactitud, mesías de las verdades a medias que apuesta por una sociedad que, bajo la ley del menor esfuerzo, visibiliza cómo desangrar el erario desde la economía del “todo gratis”. Lucha contra la corrupción que usan como plataforma para llegar al poder es la doble faz de un zorro comandante de dimensión socialista con avidez de tomarse el país de la mano de delincuentes; lograr a la fuerza y con violencia lo que no consiguió en las urnas.
Señalamientos a caciques legislativos, que ya se revelan al interior de los partidos de izquierda, distante de ser temerarios e inaceptables son el reconocimiento de un secreto a voces frente a la primera línea de la protesta y las dotaciones que atizan el ambiente y radicalizan la lucha, obstrucción y destrucción que rompe la tranquilidad ciudadana. Demorada está la justicia para imputar responsabilidades penales a quienes han contribuido con la inseguridad y el caos que se vive en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Popayán y demás ciudades del territorio nacional. Sin sonrojarse hay que llamar las cosas por su nombre, quienes protagonizan los desmanes cada noche, bloquean la libre locomoción de los ciudadanos, cobran vacunas o peajes, apuestan por acabar con la vida del Presidente, agreden con piedras a funcionarios públicos, degüellan motociclistas, secuestran buses, y demás actos que se han conocido, son ¡DELINCUENTES! Bárbaros insaciables que cruzaron la línea de la razón y requieren de autoridad.
Delirio de persecución de los mamertos que hablan de amenaza en todo momento desdibujó del escenario nacional las masacres, persecución a “líderes sociales”, clamor de colectivos estudiantiles, reclamos de cabildos indígenas y penurias de grupos minoritarios. Estrategia de profanar símbolos y monumentos antes que un grito contra el colonialismo es el actuar de una masa sin escrúpulos e identidad, horda ignorante que desconoce la historia y se identifican con los bustos de malhechores como Marulanda, Santrich y demás íconos idealistas del pensamiento socialista y la izquierda latinoamericana. Crisis que condujo al estallido y exhorta reformas sociales apuesta por una confrontación con fines electoreros antes que un diálogo que conduzca a la estabilización y permita la reactivación de la economía que lleve a una nueva normalidad de los colombianos.
Lo que ha quedado en las calles es vandalismo puro y duro, eso no es protesta. Delincuentes que hablan de crímenes de Estado, en medio del paro, no pueden pretender que se legitime ese semillero de terroristas que tiene como único fin imponer sus ideas a punta de violencia y destrucción. Políticos y artistas que se toman fotos orgullosos con la primera línea de la protesta son un show para indagar, autoridades están en mora de actuar frente a un “ejército irregular” que, con dotaciones de legisladores, se está apoderando de las calles de las principales ciudades colombianas. Agrupaciones como las que operan en los portales de Suba y las Américas deben ser declaradas ilegales, de un colectivo protestante se pasó a la congregación de una cuadrilla guerrillera urbana que busca un golpe al estamento democrático y opera bajo las promesas electoreras de quienes no aceptan las determinaciones populares.
Cobro de “peajes” ilegales, asesinato de motociclista, intento de homicidio perpetrado contra miembros de la fuerza pública, son la mayor evidencia de un grupo irregular, sujetos movidos por el resentimiento incapaces de asumir las decisiones que han tomado en la vida y bajo el estandarte de la izquierda ven al gobierno como como un enemigo al que se debe culpar de todo. Lo que empezó como colectivos estudiantiles con ideales, poco a poco se perdió ante el manoseo de avivatos que decían defenderlos. Devastación del país, normalización de la violencia, llama a entender el mensaje y desmitificar a quienes se sacian con el estallido adolescente; solidaridad y dignidad con el accionar vandálico de unos pocos, si así lo quieren ver, solo estigmatiza y condena a esa juventud que ve cómo se esfuman sus sueños e ilusiones bajo el argumento de un selecto grupo con una rabia contenida frente al orden democrático.
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