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El reciente episodio de violencia intrafamiliar en Valledupar, en el que Brayan De Asís Guerra fue capturado por agredir física y verbalmente a su pareja frente a sus hijos, ha reavivado la discusión sobre la extensión y gravedad de este fenómeno en Colombia y América Latina. El hecho, reportado en el barrio La Esperanza, demuestra la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de protección para las víctimas, así como de reconocer el impacto directo que este tipo de agresión tiene sobre los niños testigos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Metropolitana de Valledupar, la intervención se presentó tras la denuncia realizada por la propia víctima, María Mora, quien estuvo acompañada por sus hijos como testigos del incidente. Gracias a la acción rápida de las autoridades, el agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía para su procesamiento judicial. El comandante encargado, teniente coronel Hernán Mauricio Torres, destacó el compromiso institucional de salvaguardar la integridad de mujeres y niños, al tiempo que insistió en la vital importancia de la denuncia ciudadana como herramienta para prevenir tragedias mayores en el ámbito intrafamiliar.
La magnitud del problema de la violencia intrafamiliar queda sostenida por cifras reveladas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que registró en 2023 más de 70,000 casos de agresión contra mujeres en Colombia, con una proporción significativa de incidentes ocurridos ante los hijos. Estos hechos generan graves consecuencias a nivel psicológico, social y económico tanto para las víctimas directas como para los menores presentes, perpetuando dinámicas de sufrimiento y vulnerabilidad que pueden persistir a lo largo de las generaciones (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2024).
Sociológicamente, la violencia de género se vincula a esquemas de desigualdad y a patrones culturales de poder que sitúan a las mujeres en condiciones de subordinación. Un estudio de la Fundación Justicia y Género advierte que niños y niñas expuestos a conflictos violentos dentro del hogar suelen desarrollar padecimientos emocionales como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático, lo que afecta su crecimiento integral y su adecuada inserción social (Fundación Justicia y Género, 2023).
La respuesta policial en este caso responde a los lineamientos de la Ley 1257 de 2008, política pública colombiana que orienta la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. No obstante, informes de Human Rights Watch indican que persisten serias falencias en la atención y protección efectiva de las víctimas, así como deficiencias en la formación de funcionarios en temas de género, lo que dificulta la plena aplicación de la normativa y la respuesta adecuada en casos concretos (Human Rights Watch, 2024).
En contraste, el análisis de políticas regionales muestra avances importantes en países como Chile y Uruguay, donde se han ejecutado programas integrales de atención que incluyen el acompañamiento psicológico de menores y el diseño de protocolos especializados para abordar las denuncias (Cepal, 2023). Estos desarrollos, considerados modelos de referencia, han logrado disminuir la reincidencia de los agresores y ofrecer mayores posibilidades de reconstrucción para las víctimas.
El caso puntual de Valledupar sirve como recordatorio de que la erradicación de la violencia intrafamiliar requiere de acciones coordinadas, recursos suficientes y una sociedad sensibilizada, capaz de identificar y actuar rápidamente ante cualquier señal de abuso. La intervención oportuna de las autoridades y la movilización ciudadana aparecen así como recursos esenciales para transformar la respuesta frente a la violencia de género e intrafamiliar en Colombia, especialmente por el impacto profundo que estos actos tienen en la vida de los niños y niñas involucrados.
¿Cuáles son los primeros pasos para denunciar la violencia intrafamiliar en Colombia?
La inquietud sobre el proceso de denuncia surge ante la frecuencia de estos sucesos y el temor de muchas víctimas a represalias o falta de atención. En Colombia, la ley obliga a las autoridades a recibir denuncias en comisarías de familia, estaciones de policía o fiscalías, y existen protocolos específicos que garantizan la protección inicial y canalizan a las víctimas a servicios de atención médica y psicológica. La información sobre estos procedimientos facilita que la población actúe de manera oportuna, lo que resulta fundamental para romper los ciclos de violencia y ofrecer a las víctimas un entorno más seguro.
El conocimiento del proceso de denuncia es relevante tanto para quienes sufren la agresión como para los testigos y familiares, pues permite ejercer presión sobre las instituciones para que respondan de manera eficiente. Además, pone en el centro la importancia de la acción ciudadana y del acompañamiento institucional para resguardar a las personas afectadas e iniciar procesos judiciales pertinentes.
¿Qué efectos tiene la violencia presenciada por menores en su desarrollo psicológico?
Esta pregunta surge por la preocupación legítima sobre las repercusiones a largo plazo para la infancia en contextos de violencia. Estudios como los de la Fundación Justicia y Género señalan que los menores que atestiguan o viven estos hechos pueden desarrollar trastornos emocionales severos, como ansiedad y estrés postraumático, que comprometen su bienestar y estabilidad en la adultez.
Estos efectos, además de ser personales, impactan colectivamente: pueden dificultar el aprendizaje, la adaptación social y la formación de vínculos afectivos sanos. Comprender estas consecuencias refuerza la necesidad de brindar acompañamiento psicológico especializado a las niñas y niños involucrados y de avanzar hacia políticas públicas que contemplen servicios integrales en el sistema de protección de menores.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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