El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En la zona rural del municipio de Remedios, en Antioquia, la violencia ha recrudecido debido a los combates entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Desde hace más de una semana, las comunidades se enfrentan al temor constante generado por la confrontación armada, situación que ha dejado a familias enteras confinadas y bajo riesgo, según testimonios de líderes sociales y residentes, recogidos por El Espectador.
El 20 de febrero, la situación alcanzó un punto crítico en el caserío de la vereda Tamar Bajo. Según relatos de los habitantes, las hostilidades se trasladaron a esta zona, obligando a adultos y niños a refugiarse en la escuela La Orquídea. Durante la jornada, explosivos lanzados desde drones cayeron peligrosamente cerca del plantel educativo, llevando a las personas a buscar seguridad dentro de los salones. Diversos líderes sociales denunciaron que ambas estructuras armadas ilegales no solo usan armamento convencional, sino también tecnologías como drones, incrementando así el riesgo para la población civil, las escuelas y otras zonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Las familias afectadas exploran la posibilidad de desplazarse para evitar situaciones que comprometan su integridad, pero las amenazas persisten, ya sea por el fuego cruzado o por la presencia de artefactos explosivos en el territorio. Esta delicada circunstancia fue confirmada por fuentes del Ejército consultadas por El Espectador, quienes señalaron que el batallón de la Brigada 19 solicitó la realización de un consejo de seguridad a la Gobernación de Antioquia para tomar medidas, aunque aún no han obtenido respuesta.
La confrontación por el control territorial no es un hecho reciente. Según información de la Defensoría del Pueblo y reportes recogidos por El Espectador, desde 2022 existe una Alerta Temprana para Remedios y otros municipios del nordeste antioqueño, debido al progresivo deterioro del orden público. El control sobre los corredores estratégicos —fundamentales para la economía ilegal de droga y minería— ha derivado en una pugna de poder por parte del Eln y el Clan del Golfo, así como de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), especialmente el frente 4, cuya actividad se ha intensificado desde diciembre de 2020.
Habitantes de otras veredas, como Dos Quebradas, Caño Tigre, Cooperativa y Campo Vijao, también han vivido situaciones similares y han buscado refugio en escuelas, lo que revela que esta emergencia humanitaria se extiende por toda la región. En paralelo, el Clan del Golfo ha potenciado su presencia en el nordeste antioqueño, a través del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez y el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés, incrementando prácticas como retenes ilegales, limitación de la movilidad de los habitantes y el reclutamiento forzado de menores.
Las organizaciones sociales y habitantes de Tamar Bajo han solicitado insistentemente la intervención urgente de las autoridades para evitar mayores afectaciones a la población civil. La demanda de respaldo de la fuerza pública y acciones gubernamentales sigue sin una respuesta efectiva, mientras la preocupación por la seguridad y los derechos humanos se profundiza cada día.
¿Por qué la presencia de grupos armados en el nordeste antioqueño afecta especialmente a las comunidades rurales?
La incidencia de organizaciones armadas ilegales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc en el nordeste antioqueño ha provocado un impacto significativo en las comunidades rurales. Estas zonas concentran parte de los corredores utilizados para actividades ilícitas, lo que las convierte en territorios estratégicos para los grupos armados.
Las comunidades rurales suelen estar más alejadas de la presencia institucional y, por ello, enfrentan una mayor vulnerabilidad ante combates, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y el uso instrumental de escuelas y espacios comunitarios como refugios improvisados. La constante presión de los grupos armados pone en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes, quienes muchas veces se ven obligados a desplazarse o vivir confinados bajo amenazas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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