Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 2, 2026 - 6:47 pm
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El Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia, publicado este jueves 2 de julio, expone un panorama complejo sobre la realidad de las víctimas del conflicto armado interno, con datos actualizados a mayo de 2026. El informe, con 274 páginas, se concentra en evidenciar avances y retos en la garantía de derechos de quienes han sido afectados por la violencia, considerando que, como resalta el texto, “las víctimas son el eje articulador del Sistema Integral para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”.

Según cifras oficiales reflejadas en el Registro Único de Víctimas (RUV), ya son más de 10 millones las personas víctimas reconocidas en Colombia, número que aún crece a raíz de desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores (NNAJ), violencia de género, asesinatos de líderes sociales y desapariciones forzadas. El documento compara los avances normativos recientes, especialmente la Ley 2421 de 2024 —que modificó la Ley 1448 de 2011 para fortalecer la atención y reparación integral—, con un contexto en el que la violencia persiste. Solo en 2025, agrega el informe, se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, sumando más de 1.800 desde 2016, lo que evidencia avances pero también un grave riesgo vigente.

En relación con la reparación, el informe señala que existe un desfase entre el RUV y las víctimas acreditadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): de las 14.659 víctimas reconocidas por esta jurisdicción, el 43 % no están inscritas en el RUV. Además, se destaca que, de mantenerse el actual ritmo, tomaría 62 años indemnizar a todas las víctimas, sin contar nuevas inclusiones. Se reconoce progreso en temas como restitución de tierras a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pero solo el 10,7 % de los hogares víctimas tienen vivienda digna, lo que subraya la magnitud del desafío.

El reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y actores armados, aunque se ha manifestado públicamente, deja aún un vacío ante la necesidad de verdad plena y justicia, como han expresado organizaciones de víctimas y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar). El informe también aborda avances en la búsqueda de personas desaparecidas gracias a técnicas de identificación genética; sin embargo, enfatiza la falta de una política pública integral para prevenir más casos y coordinar los esfuerzos de entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Por último, aunque se amplían decisiones judiciales, las víctimas enfrentan obstáculos de participación y ausencia de criterios uniformes en la JEP, poniendo a prueba la confianza en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP).

¿Cuántos años tomaría indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia según el informe de la Comisión de la Verdad?

De acuerdo con el Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo, al ritmo actual de asignación de indemnizaciones administrativas, se necesitarían 62 años para poder indemnizar a todas las víctimas oficialmente registradas, sin considerar los nuevos casos que se sigan sumando al Registro Único de Víctimas (RUV).

¿Cuál es el principal déficit en las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia?

Según el informe, el principal déficit radica en la ausencia de una política pública integral y coordinada para la búsqueda y prevención de desapariciones, situación que dificulta el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y limita la articulación efectiva del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).

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