Los excomandantes comparecieron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) para dar su testimonio sobre los secuestros perpetrados por la desarmada organización.

Uno de los que tomó la palabra fue el presidente del partido, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’:

“Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”.

Además, por primera vez llamó al secuestro por este nombre, si bien en ocasiones lo alternó con el de “retenciones”, tal y como lo denominaron mientras estaban en armas.

Durante la audiencia, la Procuraduría presentó un informe que muestra que al menos 522 personas murieron mientras estaban secuestradas.

Por eso, el procurador Fernando Carrillo pidió que haya “una verdadera reparación a las víctimas”, lo que “exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro”.

Señaló que en sus declaraciones ante la JEP los comparecientes de las Farc “no se pueden quedar en simples relatos de casos”.

“Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos”, subrayó el procurador.

Por su parte, Londoño hizo hincapié en que su participación ante la JEP supone “un acto histórico”, puesto que están realizando lo que soñaron en La Habana, y luego de la audiencia les dijo a periodistas:

“Estamos a través de este mecanismo de la JEP respondiendo con la verdad frente a uno de los hechos que más lamentamos que se dieron en el desarrollo de esta confrontación”.

El presidente de la Farc resaltó que con sus testimonio dan “un primer paso” dentro de un “proceso largo” en el que se encuentran comprometidos.

Londoño acudió ante los magistrados junto a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Juan Cabrera, Milton de Jesús Toncel, Abelardo Caicedo y Carlos Antonio Lozada.

Todos los exlíderes guerrilleros se presentaron con sus abogados con la idea de “acercarse a las víctimas para pedir perdón por los errores cometidos”, entre los que se encuentran el secuestro.

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Esta comparecencia colectiva, que estuvo precedida por ocho meses de declaraciones individuales, da al proceso de paz firmado en noviembre de 2016 una nueva bocanada de esperanza casi un mes después de que otro grupo de exjefes de las Farc anunciaran que retomaban las armas, encabezados por ‘Iván Márquez’, junto ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’. Su anuncio supuso el golpe más duro que hasta ahora ha recibido el acuerdo.

Ante este panorama, Londoño señaló que los comparecientes desean “aportar verdad plena”, por lo que en el documento dieron respuesta a interrogantes planteados por la JEP sobre cómo se cometían estos secuestros y por qué.

“No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz, las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos a construir lo que fueron las Farc”, acotó.

La audiencia de los exguerrilleros se realizó como parte del primer caso abierto por ese tribunal y que se suma a otros con los que se indaga sobre ejecuciones extrajudiciales y el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), entre otros.

La magistrada Julieta Lemaitre resaltó que estos once exlíderes se presentaran a la sesión y mostraran su interés para ayudar a esclarecer este caso, en el que la JEP tiene a “862 personas comparecientes”.

“Quería recalcar que esta diligencia de hoy es la recepción de la versión colectiva. (Esto) es realmente un logro del Sistema (integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición), es la primera vez que estas personas que estaban sentadas aquí acuden a la justicia”, afirmó la togada.

Lemaitre afirmó que los magistrados estudiarán la versión de los exguerrilleros y decidirán si alguno de ellos no aportó a la verdad, por lo que se le podría imponer penas de hasta 20 años de cárcel, mientras que quienes lo hagan recibirán penas de la “justicia restaurativa” como obras comunitarias.

Ante los magistrados también intervino Alape, quien dijo que los excombatienes deben entregar todos sus “esfuerzos” y “energía” para que haya justicia, se siembre esperanza y se logre “fortalecer los sueños de una nueva nación”.

“Reafirmamos nuestro compromiso más allá de las comparecencias judiciales, de la responsabilidad judicial, aquí se trata de un compromiso ético, moral con la sociedad colombiana en el marco de construir nación, de reencontrarnos como ciudadanos de una misma nación”, concluyó Alape.

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