Entre los negocios irregulares que hacen en estas viviendas entregadas por el Gobierno Nacional en cerca de 205 municipios del país, hay organizaciones de microtráfico, de microextorsión, rumbeaderos y arriendos ilegales, entre otros, destacó El Tiempo.
El viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, admitió al periódico estas problemáticas, pero enfatizó en que no se debe generalizar ni tampoco poner en tela de juicio el programa gubernamental.
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Además, señaló que cuando el Ministerio de Vivienda corrobora que la casa está funcionando como un expendio de narcóticos, proceden a la revocatoria de la vivienda. Hasta ahora van 87 casos adjudicados de personas que fueron sacadas de sus hogares por microtráfico, agregó el funcionario al diario mencionado.
Otros problemas que se han generado en esta viviendas son robos, riñas y hasta incomodidades por parte de familias que llegan del campo con sus animales a estas casas urbanas, por lo que el Gobierno facilitó una orientación para que estas personas se adapten al nuevo estilo de vida.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el programa da prioridad a las familias desplazadas, a las que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables. También, un porcentaje de viviendas, en cada proyecto, será destinado a los hogares afectados por los desastres naturales o que habiten en zonas de alto riesgo no mitigable.
“Con el programa, el Gobierno Nacional promueve un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, para definir un método de selección objetivo, ágil y transparente de los diseñadores, constructores e interventores de las obras”, dijo el Gobierno a través de un comunicado.
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