Quienes han manifestado el interés de someterse a la justicia especial para la paz acordada entre el Gobierno y las Farc durante el proceso de paz para juzgar los delitos cometidos por cuenta del conflicto armado serían inicialmente los procesados por el caso de la ‘yidispolítica’, pero no se descarta que otros casos de exfuncionarios durante la administración de Uribe se puedan acercar.

El primero en manifestar su intención de someter su caso al tribunal que se creará para juzgar los delitos de los combatientes de las Farc fue el exministro de Salud Diego Palacio, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de la entrega de beneficios a una excongresista, Yidis Medina, para que votara a favor de la reelección presidencial, según recuerda Semana.

El argumento central de la defensa de Palacio, recluido en la Escuela de Caballería, es que la motivación para interferir en la reforma constitucional que revivió la reelección presidencial fue permitir la continuación de la acción militar contra las Farc y frenar cualquier negociación política.

Para avanzar en esta argumentación, Palacio se ha reunido con el jurista español Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, y con el exministro Álvaro Leyva, asesor en el proceso de paz, para ventilar la viabilidad del argumento.

Si se concreta, otros de los condenados por la llamada ‘yidispolítica’, como los exfuncionarios Sabas Pretelt y Alberto Velásquez también se beneficiarían.

De poderse someter al tribunal de paz, contra cuya creación se oponen algunos uribistas, los pondría inmediatamente en libertad y les permitiría obtener penas alternativas por el reconocimiento de sus actividades ilegales. La razón es que el tribunal de paz no pude revisar las penas impuestas por la Corte Suprema sino solamente decretar amnistías e indultos, agrega por su parte W Radio.

Que esos casos se puedan reabrir implicaría que los exfuncionarios de Uribe tendrían que reconocer la verdad y exponerla públicamente.

En el Centro Democrático hay opiniones divergentes, pues aceptar la competencia de la Justicia Especial significaría un cambio de opinión respecto de la oposición que ejercieron durante el plebiscito.

Uno de los que se opone a que los exfuncionarios se acojan a la JEP es el senador José Obdulio Gaviria, para quien esta nueva jurisdicción transitoria es una garantía de impunidad a los crímenes de las Farc.

Según Gaviria, el Centro Democrático predica la resistencia a los acuerdos en temas como la impunidad a delitos de lesa humanidad o la legalización del narcotráfico, sin que eso implique revisar temas como la desmovilización de los guerrilleros.

Sobre el caso particular de Palacio, Gaviria dijo que será un tema para tratar en el contexto particular, pero en general, su partido sigue considerando la Justicia Especial para la Paz como “un  instrumento de impunidad y venganza contra sectores democráticos” que se opusieron a la entrega del país a la guerrilla.

Está puesto en entredicho y vamos a buscar su derogatoria”,

insistió el senador Gaviria.

 

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