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La reciente suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en diez municipios del norte del Cesar desde el 28 de agosto de 2025 ha puesto en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia escolar para miles de niños, niñas y jóvenes en esta región de Colombia. Este servicio, considerado fundamental para estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, atraviesa una grave crisis financiera derivada del agotamiento anticipado de los recursos públicos asignados, así como de demoras administrativas en la aprobación de nuevos fondos. Además, la interacción entre las entidades territoriales y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha quedado marcada por la complejidad y la falta de coordinación, como lo han documentado medios y autoridades locales como El Pilón.
Según denuncias del diputado Miguel Ángel Gutiérrez, el contrato adjudicado a la Unión Temporal Alimentos 2025, cuyo presupuesto inicial fue de $31.338 millones, resultó insuficiente para cubrir todo el calendario escolar. Como consecuencia, la suspensión del PAE ha afectado a municipios como Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure y San Diego. Solo Agustín Codazzi y Pueblo Bello mantienen el servicio, gracias a la disposición de sus alcaldías para asumir parte de los costos. Esta gestión local ha sido señalada como ejemplo de compromiso social, aunque evidencia la desigualdad de capacidades institucionales frente a crisis similares.
El trasfondo de esta problemática apunta a una desfinanciación estructural del programa. La Gobernación del Cesar ha solicitado desde diciembre de 2024 la adición de más de $43.000 millones de pesos a través del Sistema General de Regalías (SGR). No obstante, los reiterados retrasos en la luz verde del MEN, pese al aval del Ministerio de Hacienda, han impedido la asignación de los recursos necesarios y la firma de nuevos contratos de servicio. De acuerdo con Yasmín García, secretaria de Educación departamental, existen necesidades por casi $120.000 millones para atender en plenitud cerca de 115 mil estudiantes durante todo el año escolar, quedando un déficit cercano a $40.000 millones. La tramitología y las reiteradas devoluciones del proyecto para la administración del SGR suman al panorama de obstáculos administrativos.
Este fenómeno no se reduce a una problemática departamental. Sebastián Rivera, director de la Unidad Administrativa Especial para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar (UApA), alertó que más de 70 entidades territoriales certificadas en el país enfrentan déficit similares. Como medida provisional, se ha propuesto focalizar la atención del PAE para garantizar la prestación de los 180 días del calendario escolar, aunque con cobertura reducida de estudiantes, medida que para el Cesar implicaría atender a 80 mil y no a 115 mil beneficiarios. Ello supone dilemas entre equidad, eficiencia y suficiencia en el acceso a la nutrición escolar.
El contexto de crisis del PAE en Cesar llama la atención sobre las profundas consecuencias sociales y educativas de la suspensión de estos servicios. Según la Dirección de Nutrición y Salud del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la alimentación escolar no solo combate la deserción, sino que mejora el rendimiento académico y la equidad. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierten que la interrupción prolongada de estos programas agudiza las desigualdades y altera el desarrollo nutricional y cognitivo de la infancia.
Los informes de la Contraloría General de la República de Colombia señalan que los problemas del PAE tienen raíces en la falta de articulación interinstitucional y demoras en la gestión de recursos, así como en la insuficiente priorización presupuestal. Las soluciones exigen revisiones normativas, una mayor descentralización con recursos estables y un fortalecimiento de la coordinación entre el MEN y los gobiernos locales. La crisis expuesta por El Pilón y fuentes oficiales evidencia la urgencia de reformas para garantizar la continuidad y suficiencia de este programa estratégico, evitando que la alimentación de niños y jóvenes quede a merced de trabas administrativas o la escasez presupuestaria.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cómo afecta la focalización de la cobertura del PAE a la equidad educativa?
La focalización implica que solo una parte de los estudiantes más vulnerables sería beneficiaria, con el objetivo de asegurar la prestación durante todo el calendario escolar. Sin embargo, esta estrategia puede profundizar las desigualdades al dejar por fuera a grupos necesitados, desincentivar la asistencia escolar y limitar los efectos positivos demostrados a nivel educativo y nutricional. El desafío está en diseñar criterios claros y transparentes para focalizar, así como en buscar fuentes alternativas de financiación que permitan ampliarla sin sacrificar la continuidad ni la calidad del servicio.
¿Qué es el Sistema General de Regalías (SGR) y cuál es su función en la financiación del PAE?
El Sistema General de Regalías (SGR) es el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano distribuye y administra los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Su función en el PAE es permitir a los departamentos obtener financiación adicional para programas sociales, como la alimentación escolar, cuando los fondos asignados inicialmente resultan insuficientes. Sin embargo, acceder a estos recursos requiere la aprobación y seguimiento de proyectos por parte de varias entidades, entre ellas el MEN, lo que puede generar demoras y afectar la continuidad de servicios esenciales como el PAE.
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