Una ponencia del magistrado Roberto Serrato, que favoreció una tutela, puso freno a las pretensiones de miles de habitantes de este municipio cundinamarqués para impedir cualquier actividad de extracción minera.

El documento del alto tribunal dice que hasta que “no se reglamente por el legislador el mecanismo de participación de la comunidad no es procedente adelantar la consulta popular para estos efectos”, informó Blu Radio citando la sentencia del Consejo de Estado.

La decisión advierte “que la autonomía de los municipios en materia de ordenación del suelo y de consultas populares sobre minería e hidrocarburos no es absoluta”, indicó esa emisora.

Es decir, que ninguna autoridad municipal puede estar por encima de los intereses de la Nación especialmente si compromete la “economía y sostenibilidad fiscal”, sentenció el documento difundido por Blu Radio.

De acuerdo con La Silla Vacía, lo que experimentaban los habitantes de San Bernardo y también de Fusagasugá antes de conocer la reciente decisión del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, era la de marcar un hito en el país en contra de la explotación minera.

Estas dos poblaciones vecinas aparecen entre los bloques de yacimientos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó hace más de una década y desde entonces ha facilitado la entrada de multinacionales para que exploren posibilidades de explotación a gran escala, reseñó ese portal.

La Registraduría Nacional ya había movilizado la logística para la consulta de este domingo.

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