Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las empresas Aerodelicias S.A.S., Servicial S.A., La Campiña S.A.S., Industrias Alimentos y Catering s.a.s. – Catalinsa S.A.S., Diseral S.A.S., Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S., Proalimentos Liber S.A.S., Alimentos Spress S.A.S. y Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda se aliaron ilegalmente con el fin repartirse los contratos del PAE en las distintas zonas de la ciudad.

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Con este proceder, las empresas investigadas se habrían apropiado de contratos equivalentes a 1,5 billones de pesos aproximadamente.

La investigación encontró que estas empresas llegaron a “a ejercer presión sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas establecieran condiciones de contratación más favorables a los investigados”, según detalló el organismo de control en un comunicado:

“Los investigados llegaron incluso a presentar acciones encubiertas de tutela utilizando de manera engañosa a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo, cuya labor habría sido orientada y coordinada por la Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimento – Asoproval”.

La SIC podría imponer multas superiores a los 78.000 millones de pesos a las empresas, y de más de 1.500 millones de pesos a las personas naturales involucradas.