Pocas horas después de la revelación del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de más de 2 mil millones de dólares se comienzan a conocer detalles sobre las consecuencias que tendrá en el país ese reconocimiento de responsabilidad.

En uno de los apartes del documento revelado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Odebrecht reconoció el pago de 11 millones de dólares para ganar contratos en Colombia, sin dar mayores precisiones sobre cuáles obras o qué funcionarios estarían implicados.

Las dudas las comenzó a resolver el propio Gobierno en un comunicado en el que le pidió a la Fiscalía que investigue esas versiones.

En su comunicado, la Presidencia dio a conocer el listado de los contratos que obtuvo la firma brasileña entre 2009 y 2014, los años mencionados en la justicia de Estados Unidos.

Así, el único que se refiere al período entre 2009 y 2010, por el que Odebrecht mencionó un soborno por 6,5 millones de dólares sería el de la construcción del segundo sector de la Ruta del Sol.

Adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual.  Este contrato fue adicionado por la ANI para incluir la ruta Ocaña-Gamarra en marzo de 2014″.

señala la declaración de Presidencia.

Los otros dos contratos que fueron entregados a Odebrecht en Colombia, según el Gobierno, son:

  • Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el INVIAS. Hubo 16 proponentes y la obra fue terminada a satisfacción.
  • Contrato para la navegabilidad del rio Magdalena. Adjudicado en agosto de 2014 por CORMAGDALENA, por su director.

En otro aparte, el Gobierno advierte que si se comprueba algo ilícito en la asignación de esos contratos, se declarará su caducidad.

Este es el texto del comunicado de Presidencia:

Ante la información hecha pública hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre pago de sobornos por la firma Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional se permite informar que:

El gobierno nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias.

Tan pronto se conoció la información, la Presidencia de la República contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar toda la información que involucre a funcionarios y/o contratos en Colombia.

Igualmente, el Gobierno Nacional solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración del gobierno para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables.

En la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia.

Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional.

Ruta del Sol sector 2. Adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual.  Este contrato fue adicionado por la ANI para incluir la ruta Ocaña-Gamarra en marzo de 2014.

Adicionalmente Odebrecht ha tenido dos contratos con el gobierno nacional:

Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el INVIAS. Hubo 16 proponentes y la obra fue terminada a satisfacción.

Contrato para la navegabilidad del rio Magdalena. Adjudicado en agosto de 2014 por CORMAGDALENA, por su director.

Es de anotar que hace un año, cuando se destapó el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, la Oficina de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Fiscalía brasileña toda la información pertinente. La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia ni la comisión de delito alguno. 

En el momento en que las autoridades establezcan el origen ilícito de cualquier contrato se procederá a declarar su caducidad, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. El Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación a la mayor brevedad para identificar a todos los responsables.

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