Gustavo Petro es el séptimo presidente colombiano -el primero de izquierda- que intenta negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en los últimos 30 años. Este lunes en Caracas, ciudad que ha servido de escenario para otros encuentros con esta guerrilla, se instalará la mesa de diálogo con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, la Iglesia Católica y delegados de Venezuela, Cuba y Noruega, países que actúan como garantes de esta negociación.

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En tiempo récord, apenas una semana después de cumplirse los primeros 100 días del gobierno, el presidente Petro logró concretar el reinicio de este proceso de paz que se había suspendido en enero de 2019, tras el atentado del Eln contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, que dejó 22 muertos y 68 heridos.

La mesa que se instalará este lunes será el primer paso concreto del gobierno para materializar su política de Paz Total, en la que pretende incluir a grupos armados ilegales de diferentes orígenes y denominaciones.

Después del Acuerdo Final firmado con las extintas Farc hace 6 años, esta es la negociación más importante con una guerrilla. El Eln nació en 1964 en San Vicente de Chucurí, Santander, y a pesar de haber sobrevivido a varias crisis y de ser considerado el segundo grupo insurgente después de las Farc, hoy es el actor armado más importante en un espectro en el que están varias facciones de las disidencias de las Farc, un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl) y los grupos llamados herederos del paramilitarismo.

Para llegar a este punto, el gobierno Petro tuvo que hundir el acelerador y poner a sus principales alfiles a trabajar en varios frentes simultáneamente, incluso antes de su llegada a la Casa de Nariño. Mientras el canciller Álvaro Leyva trabajaba en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, actor imprescindible en esta negociación, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y el propio Leyva viajaron a La Habana para recomponer las relaciones con el gobierno cubano y con la delegación de paz del Eln que había quedado atrapada desde 2019 cuando el expresidente Iván Duque desconoció el protocolo que habían firmado el gobierno de Juan Manuel Santos, los delegados de la guerrilla y los garantes.

Entre tanto, en el Congreso, la bancada de gobierno sacaba adelante la prórroga de la Ley 418 o de Orden Público que le entrega al ejecutivo las herramientas legales para que las delegaciones puedan sentarse en esta mesa sin preocupaciones. En los últimos días, además de conformar sus equipos negociadores, gobierno y Eln se dedicaron a perfeccionar los protocolos que permitieron a esta guerrilla hacer sus consultas internas y garantizar su llegada a Caracas sin contratiempos.

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Las partes han reiterado sus intenciones de retomar la negociación en el mismo punto en el que había quedado al final del gobierno Santos. En ese momento -mediados de 2018-, la mesa estaba discutiendo la metodología para la participación de la sociedad civil en el proceso (anhelo histórico del Eln) y avanzaban en un mecanismo de verificación para un segundo cese al fuego bilateral, que estuviera integrado por representantes de la ONU y de la Iglesia católica.

Uno de los grandes interrogantes gira en torno a si esa agenda sigue vigente para las partes o si los cambios en la realidad política y en las dinámicas del conflicto en los territorios donde hace presencia el Eln, obligarían a cambiarla. Esto dependerá en buena parte del resultado de la reunión de mandos del Eln que se efectuó en una zona fronteriza y en la que participaron comandantes de estructuras del Chocó, Cauca, Norte de Santander, Arauca y Nariño.

Los equipos negociadores

De parte del gobierno, los nombres del equipo negociador se conocieron a cuenta gotas. En primer lugar, por medios de comunicación se conocieron los nombres de los senadores del Pacto Histórico, Iván Cepeda y María José Pizarro, del dirigente político nortesantandereano, Alberto Castilla, además de Horacio Guerrero, asesor del Ministerio del Interior, y Olga Lucia Silva, una de las voceras de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, plataforma de derechos humanos.

Luego, el presidente Gustavo Petro confirmó que el exdirigente del M19, Otty Patiño, sería el jefe negociador e invitó públicamente al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie a integrar la delegación. Colombia+20 conoció otros nombres: el coronel del ejército (r ) Álvaro Matallana, Rosmery Quintero, directora de Acopi, el almirante (r ) Orlando Romero, quien participó en la negociación con las Farc y dirigió el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del desarme, y el dirigente afro Carlos Rosero, muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez.

La delegación del Eln se conoció el pasado viernes cuando la Fiscalía confirmó los nombres de los guerrilleros a los que les había levantado las órdenes de captura: Pablo Beltrán, quien será jefe negociador otra vez, Aureliano Carbonell, Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino‘, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.

En la instalación también estarán presentes Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU; monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la Conferencia Episcopal; y los enviados de Noruega, Cuba y Venezuela.

El equipo de gobierno, que ya está en Caracas, tiene una variada representación de sectores. Por un lado, el jefe negociador es alguien muy cercano al presidente Petro. Otty Patiño fue negociador hace 31 años, pero aquella vez, en 1991, lo hizo representante al M19, que dejaría las armas para participar como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

El nombramiento deJosé Félix Lafaurie significa tener en la mesa al sector más renuente a estos diálogos, el sector más radical de la oposición, con lo que ayuda a disipar las dudas que surjan durante la negociación.

Por otro lado, tiene personas que han trabajado en defensa de los derechos humanos desde diferentes ángulos: Alberto Castilla como dirigente campesino y político en el Catatumbo -zona de fuerte presencia del Eln-; Horacio Guerrero, proveniente del Putumayo, experto en temas étnicos (fue director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y Defensor de los Indígenas y las Minorías Étnicas); Olga Lucía Silva hace parte de una de la plataformas de derechos humanos más amplia -289 organizaciones- y ha trabajado en temas de niños y niñas afectados por el conflicto armado y en casos de ejecuciones extrajudiciales.

La directora de Acopi, Rosmery Quintero, vincula al sector de las pequeñas y medianas empresas del país que generan casi el 80 % del empleo y aportan 40 % del PIB. También resulta significativa la presencia de dos militares en retiro, sobre todo la del almirante Orlando Romero quien tiene amplia experiencia tras haber participado en la negociación con las Farc en La Habana.