Esta plata de los programas de inteligencia pararon en manos de generales y oficiales que la utilizaron para gastos personales, adquirir propiedades dentro y fuera del país y hasta para pagar la defensa de militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’.
Lo que llama la revista Semana la punta del iceberg de este escándalo de corrupción son 4 compañías (con nombre clave ‘Huila’, ‘Villavicencio’, ‘Neiva’ y ‘Espinal’, especializadas en ciberdefensa y ciberataques), que “recibían recursos para sus operaciones por parte del Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y de la Rimec (Regional de Inteligencia Militar)”.
“Cada mes, a cada comandante de compañía le giraban un cheque con sumas mensuales con promedio de 120 millones de pesos. De esa plata tomaban una parte para sus labores, pero tenían que devolver en la mayoría de los casos entre el 50 y 80 por ciento para lo que se llamaba el ahorro”, dice la revista, citando un oficial cuya identidad no se revela.
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Ese ahorro es el que utilizaron con fines personales algunos generales y oficiales, entre los que la revista identifica a los generales Martín Nieto, “quien hasta diciembre pasado ocupó el cargo de J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares), y Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien se retiró en noviembre de 2016 después de cuatro años como comandante de las FF. MM. y fue nombrado embajador de Colombia en Corea del Sur”.
La manera de tumbarse la plata del ahorro era inventarse el pago de fuentes de información (gente que supuestamente espiaba para ellos), pero que en realidad no eran tales, y la información recolectada provenía de simples búsquedas en Internet.
Un mayor de apellido Silva llegó a inventarse 50 fuentes de información pagadas, de las cuales solo 2 resultaron reales. Por las informaciones ‘chimbas’ se llegaron a pagar hasta 200 millones a una sola ‘fuente’.
Entre los equipos que sobrefacturaron están unos conocidos como Wifi Pineaple (‘piñas’), que permiten hacer creer a los ‘espiados’ que se están conectando a redes conocidas, cuando en realidad están conectados a redes suplantadas.
Cada aparatico vale 100 dólares, y los militares cobraron 20 millones de pesos; es decir, unos 6 mil dólares de ese momento.
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