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Fernando Merchán Ramos, gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, comunicó que el cronograma del proyecto sufrió una modificación relevante debido a la solicitud de ocho grandes empresas internacionales, que requerían un plazo adicional para entregar ciertas certificaciones. Esta decisión, según Merchán Ramos y en línea con la información recogida por la prensa local, busca ampliar la pluralidad de oferentes potenciales para la fase crucial de interventoría, clave para el avance de las obras del aeropuerto.
El ajuste en las fechas ha generado inquietudes entre ingenieros y expertos del sector, incluidos miembros de la Sociedad Caldense de Ingenieros, quienes advierten sobre el riesgo de nuevos retrasos en el acta de inicio y, por ende, en la materialización del proyecto. Su principal preocupación radica en que, sin un interventor designado, las obras no pueden comenzar formalmente. Pese a las críticas, Merchán Ramos precisó que el Consorcio Aeropuerto del Café SK, responsable de la construcción, ha iniciado movimientos preliminares de maquinaria y equipo, preparándose para actuar en cuanto se resuelva la selección del interventor.
La evaluación y adjudicación definitivas de la interventoría están programadas, de acuerdo con el nuevo cronograma, para el 20 de febrero, mientras que la firma del contrato se prevé para el 2 de marzo. Sólo entonces, posiblemente en marzo, se podrá emitir el acta de inicio que habilite el comienzo de la obra en forma, lo que implica una extensión en el periodo de preconstrucción y mantiene la incertidumbre entre los actores del proyecto.
Estas demoras no son el primer tropiezo en el proceso de licitación. Previamente, la convocatoria PAUG-CA-03-2025 fue declarada desierta por recomendación del Comité Evaluador, ya que ni el consorcio Aéreo SCI ni la compañía Ivicsa S.A. lograron cumplir con los requisitos legales, financieros, organizacionales y técnicos solicitados. La decisión se adoptó formalmente en la sesión número 15 del 18 de diciembre de 2025, manteniéndose el contrato de interventoría en el mismo valor de $20.579.858.534.
Entre las firmas inicialmente interesadas y posteriormente descartadas, se menciona a Aéreo SCI, conformado por empresas colombianas y una de origen chileno, así como Ivicsa, entidad española asentada en Colombia. Ninguna de ellas satisfizo la totalidad de los requisitos establecidos, lo que llevó a la reapertura del proceso y a la espera de nuevas propuestas, bajo el objetivo de garantizar la transparencia y la idoneidad para supervisar la etapa conocida como “lado Aire”, considerada esencial en la construcción del Aeropuerto del Café.
La situación ha despertado debates en el entorno local e institucional, pues la ausencia de interventor retrasa el avance real de la infraestructura. No obstante, la gerencia reitera su apuesta por un proceso plural y competitivo. La repercusión de este retraso plantea interrogantes sobre la planificación y ejecución de obras públicas de gran envergadura, sometidas a rigurosas exigencias técnicas y administrativas. Tal como lo reseñan medios regionales como La Patria, el seguimiento a los próximos pasos será determinante para recuperar el ritmo perdido y asegurar la continuidad del proyecto.
¿Qué funciones cumple un interventor en proyectos de infraestructura?
En el contexto de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de un aeropuerto, la figura del interventor resulta esencial para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades y la supervisión técnica, legal y financiera de la obra. Según lo debatido en los informes oficiales y en las objeciones planteadas por la Sociedad Caldense de Ingenieros, la designación de un interventor es un requisito indispensable antes de abrir oficialmente las fases de construcción, pues su ausencia puede detener el avance del proyecto.
La interventoría se encarga de verificar que las obras se ajusten estrictamente a los planos, especificaciones y cronogramas acordados en el contrato, así como fiscalizar la correcta inversión de los recursos asignados. La labor del interventor contribuye así a la transparencia y a la calidad del desarrollo de infraestructuras públicas, minimizando riesgos de errores técnicos, sobrecostos o problemas legales futuros. Sin este rol, los proyectos quedan vulnerables a retrasos y perjuicios para la comunidad beneficiaria.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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