El informe de seguimiento a la primera línea del Metro de Bogotá (PMLB) destaca que, según el cronograma presentado por la empresa Metro de Bogotá (EMB), la lista de preclasificados para la licitación de la obra debería conocerse este 21 de enero, y el contrato se adjudicaría en agosto; sin embargo, la primera fecha se postergó para marzo, la segunda para septiembre, y más retrasos son probables.

Uno de los pendientes más grandes del proyecto es la gestión de ocho ‘no objeciones’ de la banca multilateral (en este caso el Banco Mundial, El BID y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), explica el informe), sin las cuales no se puede avanzar en el cronograma, y cuyo trámite se ha prolongado en el pasado.

“Si se tiene en cuenta que los tiempos para No Objeciones por parte de la banca multilateral pueden demorarse más de lo esperado […], podrían existir otros atrasos que eventualmente imposibilitarían que la actual administración adjudique la licitación”, resalta el documento.

¿Tiempo perdido?

Si el proyecto Metro no queda adjudicado este año, su futuro entraría en el terreno de lo incierto, y también se frenarían los planes de Transmilenio por las avenidas 68 y Boyacá, que dependen del primero, aseguran los miembros de las Comisiones Accidentales Conjuntas del Concejo, que elaboraron el informe:

“Cualquiera que sea el gobierno que llegue en 2020, lo primero que hará es revisarlo y eso va, por lo menos, a retrasar algunos meses el cronograma de construcción”.

Si el sucesor de Enrique Peñalosa no estuviere de acuerdo con la construcción del metro elevado o con su ruta, fácilmente podría modificarlo o frenarlo: “Lo cierto es que nadie está obligado a contratar en contra de su
voluntad, y menos con el respaldo popular a un programa de gobierno que haga explícito su desacuerdo con el proyecto”, agrega el documento.

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En cuanto al aspecto financiero, los concejales resaltaron que “no se tiene certeza de la fuente de financiación de los 900 millones de dólares que apalancará una parte del CAPEX del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) y que proviene de fuente diferente a la banca multilateral”.

El análisis, que parte de información suministrada por la EMB, también halló vacíos en cuanto a las relaciones con la comunidad (los ciudadanos no cuentan con información suficiente), el impacto de las obras (no hay, por ejemplo un plan de contingencia de desvíos viales), y el traslado de redes de servicios públicos.

“Ahora bien, la EMB tiene identificados los posibles impactos económicos que generará la PLMB durante la etapa de construcción, así como las medidas de mitigación que se adoptarán entre las cuales se tienen por citar algunas, capacitaciones a comerciantes, gestión comercial y de mercadeo, acceso a líneas de crédito, exención de impuestos locales, entre otros”, destaca el análisis.