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La Corte Constitucional de Colombia admitió para estudio la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso, emitió instrucciones para avanzar en el análisis de la demanda.
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La acción judicial cuestiona la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo Sistema de Protección Social Integral. La demandante argumenta que durante el proceso legislativo se infringió el artículo 157 de la Constitución. Adicionalmente, alega que ciertos artículos de la ley contravienen el artículo 48 de la Carta Magna.
El alto tribunal solicitó al Congreso el envío de documentos relacionados con el trámite de la reforma, incluyendo actas, grabaciones y publicaciones oficiales. Asimismo, convocó a diversas entidades y expertos para que presenten sus consideraciones sobre la constitucionalidad de la norma.
Entre los invitados a participar se encuentran los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo, así como organizaciones sindicales, indígenas y afrocolombianas. También se solicitó la intervención de centros de investigación, universidades y expertos en derecho laboral y seguridad social.
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La Corte estableció plazos para la recepción de conceptos técnicos y argumentos jurídicos de las partes interesadas. Una vez recopilada toda la información, el tribunal evaluará la constitucionalidad de la reforma pensional aprobada por el Congreso.
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