Cinco personas señaladas de participar en el atentado de la Escuela General Santander en Bogotá, donde murieron 22 cadetes, fueron dejadas en libertad por vencimiento de términos.
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El juez de conocimiento consideró que se había cumplido el tiempo establecido en la ley para iniciar el juicio de los procesados por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Los beneficiados son Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes continuarán vinculados al proceso.
Los hechos investigados se presentaron una mañana del 17 de enero del 2019. Un sujeto intempestivamente ingresó en carro bomba a la escuela de cadetes y de un tajo acabó con las ilusiones de 22 jóvenes.
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El fuerte estallido se sintió a metros a la redonda del sector de Muzú, sur de la ciudad capital del país, y en el acto dejó sin vida a 10 personas y otras malheridas. De ahí en adelante cada hora o día sumaba víctimas fatales.
Entre los fallecidos está el cadete vallenato Andrés David Fuentes Yepes, de 22 años, quien tenía su lugar de residencia en el barrio Villa Jaidith de la capital del Cesar.
Los otros implicados
Según las autoridades, el atentado fue orquestado por el grupo organizado del ELN mediante una camioneta Nissan Patrol gris, cargada con 80 kilos de pentolita.
El encargado de ubicar el carro bomba fue José Aldemar Rojas, alias Kiko Mocho, natural de Puerto Boyacá, de 56 años de edad, que murió de manera inmediata.
Hasta ahora el único condenado por los hechos es Ricardo Andrés Carvajal Salgar, sentenciado a 46 años de prisión.
Según la Fiscalía, Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado.
Así las cosas, fue declarado responsable de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.
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