En Rionegro, donde se firmó aquella Constitución, se adelantaron paneles para discutir la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y algunos gobernadores para debatir un nuevo modelo político para Colombia, en el que incluyeron temas sobre federalismo, autonomía territorial y descentralización.

La Convención de Rionegro se llamó ‘Colombia Federal, Colombia Unida’ y para aplicar lo que decía en esa Carta Magna sobre una “nueva organización donde los territorios tomen decisiones acordes a sus necesidades y particularidades, además de impulsar el desarrollo económico de las regiones y la conexión del país con el mundo”, explicó la FND.

¿Qué proponen los gobernadores para Colombia?

Los principales mandatarios departamentales del país firmaron y entregaron un documento que contiene las “bases para avanzar hacia la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991”.

El documento, en forma de pergamino, fue firmado por los gobernadores y dejan claro que el país no ha aplicado lo que se estableció en el 91 y sigue “bajo el régimen centralista” de la Constitución del 86.

Entre los puntos que mencionan, aseguran que lograrían optimizar el uso de los recursos públicos y que le daría más poder a la “descentralización, autonomía y poder ciudadano como ejes centrales del Estado”.

Y es que aseguran que actualmente los territorios son solo “receptores de gracias y dádivas otorgadas por el centro”, pero sin responder a las dinámicas propias de cada uno.

Lo que hoy creen es que no se han respetado las leyes de descentralización porque no los dotan de recursos, pero sí les restan importancia para hacer inversiones que impulsen el desarrollo.

¿Qué cambiaría para los colombianos al vivir en un Estado federalista?

En ese sentido, dice el texto, los departamento tendrían la posibilidad de que “la ley les reconozca diversas capacidades de gestión administrativa y fiscal”.

Esto les permitiría, dicen, mejorar la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.

Además, aseguran que esto mejoraría la presencia integral del Estado en los territorios para consolidar la paz, a través del rediseño de esquema territorial para que las autoridades lleguen “real y efectivamente alas regiones” y que las políticas se implementen desde cada departamento y no que sea impuesta desde el centro del país.

Con su propuesta, los gobernadores prometen “afianzar la confianza en las capacidades de las autoridades y de los habitantes de los territorios para decidir sus propios asuntos“.

Los mandatarios dicen que están invitando a discutir el tema abiertamente con diferentes sectores sociales, políticos, económicos, académicos “sobre las vías para garantizar bienestar, paz y desarrollo sostenible a las comunidades en departamentos, distritos y municipios”.

¿Se necesita una constituyente?

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, le dijo a El Colombiano que “no queda otro camino que reformar la Constitución del 91, pues el Congreso seguirá postergando la discusión, ‘dado su sistema clientelar y de dádivas’”.

Pero, en el mismo medio, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria “prendió las alertas por lo que implica modificar la Carta Magna sin saber en qué resulten las modificaciones”, y en una opinión más Silvano Serrano, de Norte de Santander, planteó que no sería necesaria una constituyente porque la Constitución del 91 ya tiene las herramientas para ejecutar la descentralización.

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