Uno de los críticos al proyecto de ley que radicó el Gobierno en el Congreso es el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien dijo a El Nuevo Siglo que el asunto del sometimiento pasa por este nudo.

“Mientras tengamos el tema del narcotráfico esto no se va a solucionar, y lo estamos hoy viviendo con los disidentes de las Farc”, señaló Vélez a ese diario.

Por su parte Max Yury Gil, director de la Corporación Región, advirtió a Teleantioquia que la relación de las bandas criminales con instituciones del Estado es la que ha permitido la subsistencia de estas estructuras.

Sin embargo, para el Gobierno ese asunto se resolverá cuando organizaciones como el ‘Clan del Golfo’, los ‘Puntilleros’ y ‘Los Pelusos’, que agrupan más de 3.000 hombres, se sometan a un régimen especial de justicia, confiesen los delitos y sean juzgados.

El artículo continúa abajo

No obstante, queda la duda de si este proyecto es solo para estas bandas o si cobijará a otro tipo de organizaciones criminales (unas 250) que han cometido delitos diferentes y no han sido señaladas de cometer masacres, secuestros o terrorismo, como es la propuesta de la senadora Paola Holguín.

Según la revista Semana, el proyecto pretende que quienes acepten la sujeción a este sistema de juzgamiento penal, y que le ahorre al sistema judicial tiempo y recursos durante el proceso, recibirá beneficios de ley como rebaja de hasta un 40 % en la pena, garantía de no extradición y la posibilidad de conservar hasta un 5 % del dinero que obtuvieron ilícitamente.

Sobre esto último, el ministro Gil Botero aclaró que esta suma no puede exceder “los 2500 salarios mínimos, que es un límite importante y un estímulo para que las organizaciones criminales entreguen las fortunas mal habidas”, señaló a El Colombiano.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de quienes decían, según él, que este era un “regalo” para las bandas criminales, asegurando a El Colombiano que, con el sometimiento, los integrantes de estas bandas “pagarían cárcel” y no tendrían estatus de beligerancia, es decir, no serían reconocidos como actores políticos dentro del conflicto.

Esa posición es respaldada por el analista Ariel Ávila quien aseguró en Las2Orillas que así se den unos pocos años de cárcel por graves delitos más “la delación de socios y entrega de rutas del narcotráfico”, sería hacer bien algo que “que no se hizo con la desmovilización paramilitar”.