Esta jugada ha sido considerada como un gesto de buena voluntad del Gobierno hacia el Eln, previo al reinicio de las negociones de paz con esa guerrilla en La Habana, Cuba.
En esencia, el decreto que firmó el presidente Juan Manuel Santos pide tanto a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, como al Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, diseñar un mecanismo jurídico que beneficie a las “personas privadas la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”, señala RCN Radio.
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Se trata de un modelo similar al que el Gobierno suscribió para que excombatientes, condenados por rebelión, de la desmovilizada guerrilla de las Farc fueran excarcelados y llevados hasta las zonas especiales transitorias.
El proyecto contempla un intercambio de información bajo unos términos y condiciones que permanecerán bajo reserva y confidencialidad, precisó la emisora citando el decreto presidencial.
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