A través de un oficio, el Ministerio Público le recuerda al Distrito que cualquier tala debe ser autorizada por las autoridades competentes luego de la visita de un funcionario en la que se verifica la necesidad de dicha tala o reubicación de un árbol.

En la respuesta de la Alcaldía se debe incluir aspectos como las acciones para mitigar y compensar los efectos de esta tala; el inventario, manejo y reubicación de las especies de fauna silvestre que pueda verse afectada con las obras; y el manejo silvicultural de los diferentes árboles.

También debe detallar las “medidas para garantizar que especies de avifauna, mamíferos, insectos y reptiles encuentren nuevas y mejores condiciones de hábitat” y las “gestiones desplegadas antes del otorgamiento del permiso” de las obras.

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En esto último, se debe incluir las recomendaciones técnicas que fundamentaron la expedición del permiso para estas obras y “los medios y mecanismos mediante los cuales se le informó a la comunidad sobre la ejecución del proyecto y obras civiles”.

La Alcaldía de Bogotá ha señalado que en medio del proceso va a plantar 10 árboles en la misma zona donde se van a remover los otros.

Sin embargo, la Procuraduría indicó que “corregir los posibles efectos e impactos ambientales negativos” que esta acción puede generar, no solo consiste en reponer las especies, si no que se debe estar seguro de que estos “son compatibles con el entorno de flora y fauna urbanos”.

En el documento, la entidad asegura que en la resolución del Distrito, en la que se anunció estos cambios en el parque Japón, “no se consignó información sobre los impactos en la fauna y flora, así como tampoco de las actividades de rescate, ahuyentamiento; y menos aún se hizo un inventario, o manejo de fauna silvestre”.

Por esa razón, considera que se están amenazando los derechos colectivos de los habitantes del Distrito. Sobre los vecinos del parque que puedan verse afectados, la entidad indicó que también se les debe tener en cuenta en espacios de participación en los que pudieran intervenir y manifestar sus puntos de interés, y por eso verificará “si la comunidad fue informada”.

Este es el documento completo difundido por Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente de Colombia: