La investigación disciplinaria que la Procuraduría abrió a Prieto tiene que ver con la labor que él desempeñó como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Por esa razón, el ente de control quiere saber si los contratos que entidades públicas le dieron a Marketmedios con recursos que el BID le dio al país tuvieron a Prieto como intermediario.
Esa empresa, cabe recordarlo, tiene como representante legal a Mauricio Prieto, hermano del exgerente de campaña del actual Presidente, y Roberto Prieto, además, está vinculado a esa firma.
Según la Procuraduría, los contratos de Marketmedios con el Estado colombiano superarían los 80.000 millones de pesos.
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La Procuraduría dice que representar a Colombia ente el BID “implica necesariamente el ejercicio de la función pública”, es decir, implica que el representante sea como un empleado público.
De hecho, añade el ente de control, fue el Ministerio de Hacienda el que designó a Prieto como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Dicha condición exige cumplir a cabalidad el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses atribuible a cualquier servidor público del Estado colombiano”, explica la Procuraduría.
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