Eso afirmó El Tiempo al publicar los varios líos que tendría el predio ubicado en Montería y por los cuales, pese a que la Fiscalía insiste en incluirlo en el preacuerdo, la Contraloría General se opone en aceptarlo como la indemnización que Otto Bula debe dar por los sobornos de Odebrecht (unos 3.300 millones de pesos, la mitad de lo que recibió), que lo tienen privado de la libertad desde hace dos años.

Y es que un concepto técnico de la Central de Inversiones S. A. (Cisa) indicó que la venta de la finca no sería fácil, debido a que “presenta amenaza de inundación en nivel muy alto”, “se encuentra en zona de restricción del aeropuerto internacional Los Garzones” y sus linderos son irregulares, “con una desproporcionada relación entre el frente y el fondo”, indicó el diario. 

Ante eso, la Fiscalía “ordenó otro estudio”, en el que se aseguró que “las objeciones de Cisa quedaron superadas”, que el lote nunca se ha inundado y no está en área de la terminal aérea, publicó el periódico, que añadió que con eso, además, cambió el costo de la finca.

Cuando la defensa de Bula propuso incluirla como indemnización en medio del preacuerdo, ‘La bomba’, según un perito de la Lonja de Córdoba, tenía “un avalúo catastral de 231 millones 428 mil pesos”. No obstante, por cambios en el POT que autorizó la Alcaldía de Montería, hace cuatro meses, “el costo de las cinco hectáreas de terreno se había multiplicado por 20 (4.400 millones de pesos)”. Y luego, tras el otro estudio, el nuevo valor, de acuerdo con otro perito, era de “5.500 millones de pesos”, informó el medio.

Por eso, algunos se siguen oponiendo a que el terreno sea aceptado e incluso una fuente cercana al proceso concluyó en El Tiempo: “Van a recibir un predio envenenado, de difícil venta; y como el dinero va para el Ministerio de Hacienda, no va a tener doliente si se demora su venta, como lo anticipó Cisa”.