Pese a esas dos inconsistencias, el representante a la Cámara del Centro Democrático Ricardo Alfonso Ferro decidió aceptar el oficio y abrió la investigación en tan solo una semana, indicó CM&.
El noticiero Noticias Uno la buscó en su dirección, en San Martín, Cesar, pero encontró que la mujer no vivía allí hace tiempo. Un hombre que se identificó como su abuelo aseguró que se encuentra radicada en Bucaramanga y que hace años que ni siquiera va a ese municipio.
De acuerdo con el hombre, la casa ubicada en esa dirección sí le pertenecería a ella, que la habría heredado de su padre. Sin embargo, aseguró que todavía no está ejerciendo como abogada —y no tiene tarjeta profesional– porque hasta ahora está haciendo prácticas.
Aunque tener título de abogado no es condición necesaria para interponer una demanda, carecer del mismo sembraría dudas sobre el origen del documento, sobre todo teniendo en cuenta que la demanda debió estar tan bien fundamentada como para que Ferro la aceptara y abriera una investigación con tal celeridad.
Desde que se conoció la apertura de la investigación, defensores de la JEP aseguraron que sería una represalia por el hundimiento parcial de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que la reglamenta.
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