
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca reducir los precios de los medicamentos en su país, instruyendo al Departamento de Salud a negociar con las farmacéuticas y, de no lograrse acuerdos, igualar los precios con los de otros países donde sean más bajos.
Aunque esta medida aún no tiene efectos claros, ha generado preocupación internacional por diversos elementos.
(Vea también: Destapan clave para crecimiento de empresas en Colombia: habrá encuentro muy importante).
Según expertos, como el médico y Ph.D. Ramón Abel Castaño, las farmacéuticas podrían compensar la pérdida de ganancias en EE. UU. subiendo los precios en otros mercados, especialmente en Europa y Asia.
“Para el resto del mundo va a tener también un impacto negativo por la forma en cómo las farmacéuticas establecen precios, particularmente para productos que son monopólicos, es decir que no tienen sustitutos”, detalló Castaño en diálogo con El Tiempo.




En Latinoamérica, el impacto sería menor debido a la regulación de precios existente, como ocurre en Colombia con normas como la Circular 01 de 2014.
Sin embargo, el cambio podría obligar a los países a replantear sus sistemas de referenciación de precios. Castaño advierte que, si se concreta esta política, se podría generar un “desbarajuste” en el sistema farmacéutico global, afectando el equilibrio de precios y el acceso a medicamentos.
A pesar de esto, existe incertidumbre sobre la implementación real de la medida, ya que Trump suele anunciar acciones que luego no se concretan, por lo que aún queda por ver su verdadero alcance.
Cómo se regula precio de medicamentos en Colombia
El precio de los medicamentos se regula a través de un sistema de control estatal que busca garantizar el acceso equitativo a los tratamientos y proteger las finanzas del sistema de salud, especialmente porque el Estado es el principal comprador mediante el régimen subsidiado y contributivo.
Este control se lleva a cabo principalmente mediante la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), un organismo interinstitucional conformado por los ministerios de Salud, Comercio y Hacienda. Esta comisión tiene la facultad de establecer precios máximos de venta para ciertos medicamentos cuando se determina que existen condiciones de mercado que generan abusos o distorsiones en los precios, afectando el acceso o la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Uno de los instrumentos clave en este proceso es la referenciación internacional de precios, establecida formalmente en la Circular 01 de 2014. Este mecanismo consiste en comparar el precio de un medicamento en Colombia con su precio en un conjunto de países de referencia, como Brasil, Argentina, México, Chile, Ecuador, entre otros. Con base en esa comparación, se establece un precio máximo de venta en el país. La idea es evitar que los medicamentos sean vendidos en Colombia a precios significativamente superiores a los de mercados similares, donde ya existen mecanismos de control.
Adicionalmente, existe una clasificación de medicamentos según su nivel de regulación. Algunos se encuentran bajo libertad vigilada, lo que significa que el gobierno monitorea sus precios, pero no los limita directamente; otros están bajo control directo, lo que implica un precio máximo definido oficialmente. Esta clasificación se basa en criterios como el nivel de gasto del sistema de salud en ese medicamento, su condición de monopolio (por ejemplo, si no tiene competencia genérica), o su impacto terapéutico.
Quiénes vigilan esos precios en Colombia
Cabe resaltar que las farmacéuticas deben reportar sus precios al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED), lo cual permite a las autoridades hacer seguimiento y detectar variaciones inusuales. Además, se han implementado estrategias como subastas inversas, donde las empresas compiten por ofrecer el precio más bajo para suministrar medicamentos al sistema de salud.
En conjunto, este modelo busca equilibrar los intereses del acceso público, la sostenibilidad financiera y la innovación farmacéutica. Sin embargo, enfrenta desafíos como la evasión por medio de empaques diferenciados, prácticas de segmentación de mercado y litigios judiciales para evitar controles, lo que obliga a una vigilancia constante y ajustes normativos frecuentes.
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