Arrancó el Festival de Verano y un evento quedó por fuera: la tradicional novillada en la plaza de toros de Santamaría, que por años hizo parte de la celebración. El evento era una extensión de la temporada taurina, que se celebraba en febrero, pero la tauromaquia en la capital, pese a tener respaldo constitucional, no ha podido recuperarse de la estocada de sus detractores.

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Hoy se juegan en los tribunales sus últimas cartas para que, al menos, el Distrito los compense por las pérdidas que ha representado el no respetar su tradición cultural.

El pleito entre taurinos y Distrito es de vieja data. Vale recordar que hace ocho años, novilleros y representantes de la “fiesta brava” realizaron una huelga de hambre, cuando fueron notorias una serie de trabas para realizar corridas en Bogotá.

En ese momento aseguraron que la faena no terminaría hasta que el espectáculo regresara a la plaza. Sin embargo, al revisar su cruzada, parece que la causa animalista va ganando la batalla.

Pero, siguen embistiendo y hoy, según cifras de la Secretaría Jurídica de Bogotá, impulsan cuatro procesos contra el Distrito para reactivar las corridas. El principal es una acción de grupo que busca una indemnización de $965.235 millones por la vulneración de sus derechos, a raíz de las acciones y omisiones de las últimas administraciones, que han impedido su labor. Su principal argumento: el espectáculo taurino está protegido por un fallo de la Corte Constitucional y solo una ley nacional podría prohibir la actividad, por tener arraigo cultural. Dicha ley aún no existe.

Se podría decir que este es el último tercio para los amantes de la “fiesta brava”, que parece en vía de extinción. Tanto que, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la famosa Corporación Taurina de Bogotá, por décadas encargada de organizar la temporada taurina en la capital, está en liquidación desde finales de 2020, aunque mantienen su matrícula mercantil activa.

No obstante, la comunidad taurina persiste y asegura que las actuales políticas públicas buscan controlar cómo los ciudadanos pasan su tiempo libre. Haciéndoles frente están los grupos animalistas y sectores políticos, que se mantienen firmes en abolir las corridas en el país, al considerarlas maltrato animal.

El proceso de un billón de pesos

El multimillonario pleito viene desde 2016, cuando Luis Alfredo Peña, vocero del gremio taurino, interpuso una acción de reparación a favor de las personas dedicadas a la tauromaquia, en la que solicitó a los jueces una “reparación integral por los daños y perjuicios morales y materiales, así como una indemnización por la vulneración de derecho al trabajo, asociación, expresión artística y la preservación de la cultura taurina”.

De esta manera, cobijados por la sentencia de la Corte Constitucional T-296 de 2013, aseguran que las acciones del Distrito de los últimos años han afectado la cadena económica de las corridas, que van desde la cría de los toros de lidia y los organizadores, hasta las personas que derivan sus ingresos de esta actividad. Para la temporada de este año, por ejemplo, dicen, la licitación que abrió el Distrito impuso exigencias que llevaron a declarar desierto el proceso. Algo que, para ellos, parece premeditado.

Por esto se pidió una reparación de cerca de un billón de pesos, la cual, según los abogados del Distrito, es una pretensión inaudita y desproporcionada, si se compara con lo que se tuvo que pagar por la sentencia que ordenó descontaminar el río Bogotá, que fue de $240.000 millones. Por ahora, el Distrito está tranquilo, pues en primera instancia, el Juzgado 65 Administrativo de Bogotá rechazó las pretensiones de la demanda. No obstante, el caso fue apelado.

“Frente al tema del IDRD y la acción de grupo del colectivo de toreros, la última información es que la ciudad ganó en primera instancia y en este momento el caso está el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No hemos ahorrado esfuerzos para defender a Bogotá”, respondió la Secretaría Jurídica Distrital.

Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que está a cargo de la plaza de toros, aseguró que ha actuado bajo la ley y no ha restringido las corridas. Eso sí, agregó que la administración seguirá realizando acciones para la protección y el bienestar animal.

Los otros procesos en el ruedo

En la mira de los colectivos taurinos está también el Acuerdo 767 de 2020: “Por medio del cual se desincentivan las prácticas taurinas”, el cual busca implementar acciones legales a disposición de las autoridades distritales, contra el maltrato animal. En el acuerdo se establece, entre otras cosas, que los organizadores de corridas no podrán lacerar, cortar, mutilar o matar a los animales, y el organizador deberá destinar el 30 % de su inversión en publicidad para informar del sufrimiento que padecen los animales.

“No soy taurófilo, pero no estoy de acuerdo con el absolutismo cultural que se promueve desde la norma. Está en contra del desarrollo de las tradiciones culturales, con el pretexto de hablar del maltrato animal. Y aquí existe un agravante: ¿qué va a pasar con las especies que se usan en las corridas, que ahora están condenadas a la extinción?”, dijo el abogado Carlos Isaza, quién impulsa el proceso para anular este acuerdo.

En este proceso, grupos animalistas han señalado que, a diferencia de la investigación científica, el sacrificio por razones religiosas o para consumo humano, en esta actividad no hay necesidad vital de sacrificar un animal.

Sin embargo, los abogados de los taurinos argumentan que el ser humano no vive solo para comer, sino que está compuesto de otros elementos para su realización como especie. Por el momento, se espera que el Tribunal de Cundinamarca emita un fallo de si se anula o no el acuerdo del Concejo, aunque su línea parece clara tras negar la medida cautelar que pedía suspenderlo.

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Al revisar los procesos de los colectivos taurinos, parece que van perdiendo la pelea. Aunque señalan que los efectos económicos y culturales son importantes, la sociedad parece estar dando pasos hacia la prohibición de la “fiesta brava” en Bogotá, lo que se podría replicar en otras ciudades donde aún hay corridas.

Incluso, con el apoyo de los defensores de los animales, ya se radicó un proyecto de ley para acabar definitivamente con las corridas, algo que ha prendido las alarmas entre los aficionados taurinos.

De prosperar, estarían en la mira otras actividades, como las peleas de gallos, las corralejas y otras actividades culturales respaldadas por unas minorías. De aprobarse el proyecto de ley, será la estocada definitiva para la tauromaquia en el territorio nacional.

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