Un giro de enorme gravedad institucional sacude por estos días el curso de las investigaciones en torno al magnicidio del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles que decidió compulsar copias ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que se establezca formalmente si exintegrantes del Congreso de la República habrían tenido algún grado de participación o nexo con el planeamiento y ejecución del crimen que cobró la vida del dirigente político.
La decisión del ente acusador se da en respuesta directa a una solicitud elevada por el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Iván Cancino, quien instó a las autoridades a profundizar en las líneas de investigación orientadas a esclarecer no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores, financiadores y redes de apoyo político de la estructura criminal. El oficio remitido por la Fiscalía pone sobre la mesa la necesidad de verificar los hallazgos derivados de los recientes testimonios y elementos materiales probatorios aportados a las autoridades competentes.
Las alarmas institucionales se encendieron con mayor intensidad tras las explosivas declaraciones entregadas hace pocos días por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, en una extensa entrevista concedida al noticiero Noticias Caracol y a otros medios de comunicación. En sus intervenciones públicas, Tarazona aseguró haber recibido información reservada y chats que evidenciarían una conspiración de gran calado, afirmando de manera categórica que “la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”.
Según los detalles revelados por la viuda del exsenador, las comunicaciones y documentos entregados a la justicia apuntan a que la operación criminal habría sido coordinada por facciones de la disidencia armada autodenominada Segunda Marquetalia —bajo el mando de cabecillas como alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever— y financiada con recursos provenientes de Venezuela. Dentro de los señalamientos más sensibles, Tarazona vinculó directamente a Enrique Marulanda —hijo biológico del exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez— como presunto responsable de impartir la orden material de la acción criminal.
A raíz de estos señalamientos, y debido a que en las fechas del atentado y en periodos anteriores los presuntos implicados o figuras del entorno político militaban o tenían cercanía con espacios legislativos de partidos como Comunes, la viuda del dirigente político exigió que se indague a fondo el papel de actores con fuero político. No obstante, las autoridades judiciales han recordado que estas hipótesis y señalamientos forman parte de una fase de recolección y análisis probatorio, por lo que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia determinar el mérito jurídico de las copias enviadas y definir si existen méritos suficientes para abrir indagaciones formales contra excongresistas aforados.
Mientras el Ministerio de Justicia insiste en la urgencia de reconstruir toda la cadena de mando y revisar si existieron fallas u omisiones en los esquemas de protección institucional que rodearon a Uribe Turbay antes del atentado, el país permanece a la expectativa de los resultados que arroje este nuevo expediente en las altas instancias de la justicia colombiana.
¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?
En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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