El pueblo Inga del resguardo Musu Runakuna, en el Putumayo, ha tenido que echarse sus enceres al hombro y salir desplazado dos veces. La primera, cuando la guerra entre paramilitares y guerrillas lo saco de las tierras de las que eran originarios en Puerto Guzmán y Piamonte (Cauca); y la segunda, cuando entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 las aguas de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco formaron la avalancha que arrastró con fuerza viviendas, puentes y vehículos en la capital del Putumayo. Se llevó también su resguardo en una vereda de Mocoa, donde se habían asentado tras el primer desplazamiento.

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La historia la cuenta Marino Peña, una de las autoridades del cabildo que dieron la pelea por volver a tener un pedazo de tierra propio. Tras la avalancha, la atención que recibieron del Estado los juntó con comunidades campesinas, afro y otros pobladores afectados de Mocoa, y los habían incluido en la reconstrucción de un barrio del municipio, lejos del campo y de sus raíces ancestrales.

Por su cuenta, se asentaron en predios de una vereda de Mocoa que el propietario les arrendó con opción de compra y acudieron ante la Agencia Nacional de Tierras para la adquisición de ese nuevo predio. Sin embargo, la compra no se materializó y el resguardo tuvo que interponer una tutela contra la ANT y otras entidades para acceder a los predios.

El 14 de agosto de 2019, un juzgado de Mocoa falló la tutela a favor del resguardo y le ordenó a la ANT que en máximo seis meses hiciera la gestiones para la consecución de un predio y lo adjudicara a esa comunidad Inga. Tuvieron que pasar tres años y dos meses para que, por fin, el fallo se cumpliera y el cabildo Musu Runakuna volviera a ser dueño de sus tierras.

El martes pasado, el gobernador Marino Peña recibió de manos del nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, el título que certifica que 68 hectáreas de tierra en zona rural de Mocoa pertenecen a su resguardo, que habitan 166 personas, correspondientes a 43 familias.

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“Esta es la certeza de que somos dueños de nuestra tierra, de que se aplicará aquí lo establecido en la Constitución, de que desarrollaremos nuestro gobierno propio y de que nuestro sistema se implementará para procurar la pervivencia cultural”, le dijo Peña a Colombia+20 tras recibir el título en un evento en Bogotá.

Esa certeza les ha costado. Estando asentados en esas tierras, fueron varias veces amenazados con ser desalojados, por el propietario y por las propias autoridades del municipio, que también tenían interés sobre el predio. De hecho, también se resistieron a la Unidad de Prestación de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que pretendía sobre esa tierra levantar la cárcel municipal. Incluso, en diciembre de 2019 – ya con el fallo que acogió su tutela emitido – otro juez autorizó el desalojo de la comunidad, que al final no se materializó por la visibilidad que tuvo el caso, pero las amenazas para expulsarlos de la tierra continuaron.

Esas 68 hectáreas que ahora el pueblo Inga puede decir que les pertenecen con propiedad, hacen parte de la primera titulación de tierras que hace el Gobierno de Gustavo Petro en la puesta en marcha de su reforma agraria. En total, son 297.000 hectáreas las que la ANT formalizó el martes pasado, con la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de resguardo a 10 comunidades indígenas.

“Empezó la reforma agraria”, sentenció Gerardo Vega, quien explicó que se trata de la entrega de títulos a comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en tierras de las que no tenían título, cuyo trámite durmió por años en las oficinas de la ANT. “Comunidades que llevaban 15, 18 años esperando que el Estado les reconociera su derecho y les entregara los títulos. Hoy hemos hecho eso”, aseguró. Estas 297.000 hectáreas hacen parte de las 681.000 que ya había anunciado la ministra de Agricultura, Cecilia López, días atrás.

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Según le dijo Vega a Colombia+20, la meta del Gobierno es llegar al millón de hectáreas formalizadas en los primeros 100 días de esta administración. Por supuesto, muchos de esos trámites ya venían en marcha dentro de la ANT y ahora concluyeron. A otros, dice el director, les pusieron el acelerador y los terminaron. “También hay que decir que encontramos títulos aquí que ya estaban listos para entregar y no se había hecho”, aseguró.

Ese millón de hectáreas que el gobierno quiere formalizar en los primeros 100 días obedece a la meta de siete millones de hectáreas para formalizar que quedó pactada en el primer punto del Acuerdo de Paz. Hasta la fecha, van 900.000 hectáreas formalizadas desde que se firmó ese Acuerdo, en noviembre de 2016, a las que se sumarán ahora estas 681.000 que está entregando formalizadas este Gobierno.

Francisco Nacavera, del pueblo embera chamí del resguardo Kurmadó, en Marsella (Risaralda), fue otra de las diez autoridades que recibieron el título sobre su tierra. En el caso de este resguardo, fue la porción más pequeña de tierra formalizada: apenas siete hectáreas. Sin embargo, explicó que para ellos es de vital importancia porque, ya con título en mano y reconocidos por el Estado, pueden ir a tocar las puertas de las instituciones para presentar propuestas y proyectos.

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“Antes uno iba a las instituciones y presentaba, y nos decían ‘bueno, pero ¿ustedes sí están reconocidos? ¿sí tiene resguardo?’, y les decíamos ‘no, estamos en ese proceso’, y las instituciones ‘no, entonces hay que esperar que ustedes sean reconocidos’. Sin eso no podíamos avanzar”, resaltó.

A esta comunidad también le ha costado vidas la lucha por la tierra. Hoy que llegó el título ya no están para recibirlo los líderes Ángel José Hiupa, Pedro Antivia y Alberto Nasequia, que desaparecieron a principios de la década de 2000, cuando la guerra azotó a esta comunidad originaria de Pueblo Rico y la arrojó a las calles de Pereira. Hoy tienen una tierra donde asentarse y producir alimentos, pero de ellos tres nunca volvieron a saber nada.

Como el pueblo Inga del Putumayo y el Embera Chamí de Risaralda, otras ocho comunidades indígenas en Amazonas, Antioquia, Cauca, Córdoba, Caquetá, Huila, Tolima y Vichada recibieron los títulos sobre sus predios. La mayoría de la tierra formalizada en esta primera tanda pertenece al resguardo Mirití Paraná, en el Amazonas, con más de 218.000 hectáreas tituladas.

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