El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue dando pasos en su propósito de alcanzar la paz con grupos armados ilegales, pero aún no le alcanza para alinearse con la oferta que le hiciera al país, la de una “paz total”. Ese objetivo se ve cada vez más inalcanzable, por lo menos en lo que le queda de gestión, y, por el contrario, lo que se está consiguiendo son unas paces parciales, regionales, con grupos muy localizados. Con los grupos armados más significativos que delinquen en buena parte del país y por cuyas acciones persiste la sensación de un retroceso de 30 años en materia de orden público, apenas está el anuncio de inicio de “contactos” con el ‘Clan del Golfo’.
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Esta semana se espera que avance la entrega y destrucción progresiva de 14 toneladas de material de guerra de la denominada ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’ en Putumayo y Nariño, después de los acuerdos alcanzados en julio pasado. Esta organización —una disidencia de la ‘Segunda Marquetalia’, cuyo jefe es alias ‘Iván Márquez’, a quien le quitaron su carácter de negociador—, liderada por José Vicente Lesmes, alias ‘Wálter Mendoza’, se comprometió también a un reagrupamiento en zonas específicas en algunos meses y a planes de sustitución.
Así se daría trámite a un proceso de alistamiento, recepción, verificación, registro y custodia y destrucción de ese material, que estaría vigilado por la fuerza pública, encargada de hacer el inventario del material y su destrucción, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), para garantizar la transparencia y ofrecer informes al Gobierno y a la comunidad internacional. Esto también implica la suspensión de operaciones militares (no un cese al fuego) desde el jueves pasado hasta el 3 de noviembre de manera gradual y en áreas específicas de Nariño y Putumayo, en un radio de 25 kilómetros cuadrados.
Lo que está ocurriendo con la ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’ se suma a lo que ya pasó con la disidencia del Eln en Nariño, ‘Comuneros del Sur’, que en abril pasado entregó 585 artefactos explosivos. Los dos casos podrían aliviar los problemas de inseguridad en unos 20 municipios del sur del país (15 en donde delinque la ‘Coordinadora’ y cinco del área de influencia de los ‘Comuneros del Sur’). Esta situación podría tener dos lecturas: una que ve de manera positiva y valora cualquier acuerdo que se alcance por pequeño que sea, y otra que entiende que esos 20 municipios solo representan el 1,8 % del total de 1.104 que tiene Colombia.
Por otra parte, esos acuerdos iniciales se han alcanzado con estructuras menores en comparación con los grupos más grandes que tienen en jaque al país y con los que no hay avances significativos pese a que se trata de organizaciones que sí le darían plena forma y contenido al concepto de “paz total”. Este lunes, el presidente Petro anunció que comenzó “contactos” con el ‘Clan de Golfo’, con la intermediación del gobierno de Qatar. Y, pese a los desplantes que ha hecho el Eln a sus propuestas de diálogo, volvió a invitar a ese grupo: “Es hora de reiniciar los contactos […]. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia”.
En agosto había anunciado que abriría diálogos con el grupo ‘Conquistadores de la Sierra’, y aún no hay nada con las disidencias de las Farc ‘Estado Mayor’ y ‘Segunda Marquetalia’. Así, lo que tiene para mostrar el Gobierno del presidente Petro a diez meses de finalizar su mandato son victorias regionales, que es en lo que está quedando reducida su propuesta de “paz total”.
Procesos de paz de Gustavo Petro no tienen marco jurídico
La gran pregunta para la que cada vez tiene menos respuestas el Gobierno es: ¿esas entregas de material de guerra por parte de ‘Comuneros del Sur’ y la ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’ se hacen a cambio de qué? Los integrantes de esas organizaciones esperan básicamente dos cosas, solucionar sus problemas con la justicia y eventualmente participar en política. Y frente a esas aspiraciones, hasta ahora, en Colombia no existe ningún marco jurídico que se lo permita. Ahí está el gran escoyo que no ha podido resolver el Gobierno y que hace que estos procesos hayan nacido prácticamente muertos.
Para empezar, sus crímenes no se pueden tramitar, por ejemplo, a través de Justicia y Paz, porque esa jurisdicción creada para los paramilitares tenía fecha de vencimiento. Tampoco a través del Acuerdo de Paz de La Habana, mediante el cual se consiguió la desmovilización de las Farc, y que iba hasta el primero de noviembre de 2016. A partir de esa fecha y hasta hoy no hay cómo tramitar los delitos cometidos por los integrantes de los grupos armados con los que el Gobierno pretende avanzar en diálogos. No se sabe de qué manera van a pagar por sus crímenes.
La única vía posible es la ley de sometimiento que está empantanada en las comisiones primeras del Congreso, entre otras cosas, porque como el país ya está en campaña, algunos senadores aspiran a la presidencia de la República y muchos otros a reelegirse, y eso los tiene pensando más en proselitismo que en asistir al legislativo. Además, esa ley tiene una seria condición impuesta por la Corte Suprema de Justicia para asegurar la seriedad de la iniciativa: los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) que hayan delinquido con posterioridad a sus procesos de desmovilización deben ser excluidos del marco normativo de este proyecto de ley.
Es decir que los reincidentes de otros procesos como Justicia y Paz y Acuerdo de La Habana quedan por fuera. Es el caso de los disidentes de las Farc que se acogieron a los acuerdos y después los abandonaron, los denominados desertores de la paz, como alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘Wálter Mendoza’. Esta situación enrarece aún más la entrega de material bélico que anunció porque no se sabe bajo qué marco normativo se está haciendo.
Esa entrega de elementos de guerra sí se puede hacer con base en la ley de orden público que rige desde 1997 y que cada gobierno prorroga. En el caso de la administración del presidente Petro tomó dos caminos: las negociaciones de paz tradicionales donde entran los de ‘Wálter Mendoza’, a los que les dio un reconocimiento político, y el sometimiento, en el que la Corte Suprema ha sido tajante: puede haber sometimiento, pueden tener mesas, pero el marco jurídico debe ser previo, no posterior a la negociación. Y eso es lo que precisamente no hay; no existe norma jurídica que permita la desmovilización.
Quizá ‘Walter Mendoza’ tenga toda la situación muy clara y por eso en los últimos días dijo que no será en el Gobierno del presidente Petro cuando su grupo alcance un acuerdo. Pero hay algo más grave: aseguró en Semana que “es imposible entregar las armas” antes de agosto de 2026. Y sobre el fin del conflicto aseguró: “No. Podemos llegar a acuerdos mínimos. Nos comprometimos a entregar 14 toneladas de explosivo; el plazo de la detonación ya se cumplió, era el 15 de septiembre, pero el Gobierno puso otro plazo porque tenían problemas de protocolo. El explosivo está listo para detonarlo”. Admitió, sin embargo, que todavía les quedan muchos explosivos: “Ah, claro, la guerra es así”.
El senador y experto en el conflicto Ariel Ávila ha dicho en distintos escenarios que hay una figura que, en lo jurídico, es decir, en lo relativo a un eventual sometimiento a la justicia, se podría implementar: lo que hizo en su momento Juan Manuel Santos con una disidencia paramilitar que se llamó Erpag, en 2011, cuando hubo un sometimiento semicolectivo bajo la figura del principio de oportunidad. La solución podría ser la ley de sometimiento que busca trámite en el Congreso, que sigue sin debatirse.
Si se aprobara esa norma, no serviría para lo político, es decir, para un proceso de negociación buscando incluso la posterior participación política de los desmovilizados. Para eso se requiere de una nueva ley o incluso reformar la Constitución. Se trata, sin duda, de una discusión que solo tiene posibilidades en la constituyente que viene reclamando el presidente Petro. Pero ya no hay tiempo en este Gobierno para una constituyente ni, según las palabras de ‘Wálter Mendoza’, para un acuerdo con su grupo. El panorama luce más crudo para los diálogos que acaba de anunciar el Gobierno con el ‘Clan del Golfo’ y la enésima invitación a dialogar que le hace al refractario Eln. En esto va la “paz total”.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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