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En el municipio de Filandia, Quindío, persiste una profunda preocupación por el estado de las obras de placas huellas en las vías terciarias de las veredas La Palmera y El Vergel. De acuerdo con lo documentado por La Crónica, las intervenciones, que buscaban mejorar la movilidad rural, se encuentran inconclusas y con serias fallas técnicas, situación que ha generado el descontento de la administración local y los habitantes. El alcalde Duberney Pareja Giraldo denunció que las obras, realizadas como parte de los Convenios Solidarios —acuerdos entre entidades estatales y organizaciones comunitarias—, carecieron de una adecuada orientación técnica y profesional, y que la responsabilidad fue trasladada a los propios habitantes sin la experiencia necesaria.
El mandatario enfatizó que la Gobernación del Quindío suministró los materiales —arena, cemento, malla electrosoldada y fresado— pero no designó personal calificado para guiar la ejecución, lo cual resultó en trabajos incompletos y de baja calidad. Pareja Giraldo señaló que la Alcaldía no fue consultada ni informada a tiempo sobre los proyectos, lo que impidió un acompañamiento efectivo. La mala aplicación de los insumos, sumada al desconocimiento técnico, llevó a que los materiales se contaminaran y a una ejecución poco duradera. Incluso, se utilizaron mallas para patios peatonales en vías por donde transitan camiones de hasta 20 toneladas.
También se denunció que los materiales prometidos no han llegado en su totalidad y que la falta de subbase adecuada compromete la durabilidad de la infraestructura, lo que ha provocado que las comunidades, aunque motivadas, hayan quedado con tramos inseguros y sin un futuro claro. La situación se agravó con el invierno, afectando la transitabilidad en sectores críticos. El propio alcalde se ha visto obligado a destinar recursos municipales y buscar cooperación comunitaria para mitigar los daños, pese a que no era una responsabilidad directa de la administración local.
La deficiencia técnica se evidenció especialmente en La Palmera, donde la presidenta de la junta optó por un ancho de placas fuera de la norma, causando accidentes y daños en vehículos. En El Vergel, obras adelantadas por la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta ya muestran evidentes problemas de estabilidad. El alcalde ha insistido en que se hagan efectivas las pólizas de garantía y ha enviado oficios tanto a entidades departamentales como a la Procuraduría para exigir respuestas y soluciones inmediatas.
Habitantes y líderes comunales, como Piedad Dueñas y Héctor Jaime Jiménez, relataron las dificultades diarias: solo se ha construido un carril, no pueden cruzar dos vehículos simultáneamente y la movilidad de productos agrícolas se ve comprometida. Además, la continuidad en la capacitación técnica ha sido insuficiente debido a constantes cambios de personal, lo que ha dificultado la finalización eficiente de las obras. Desde la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío se reconoce que han existido dificultades, aunque aseguran que se trabaja de la mano con las comunidades para superar los retrasos y asegurar la entrega de los materiales pendientes.
Así, Filandia sigue a la espera de una solución estructural para que estas vías rurales puedan ser transitadas de manera segura y que las inversiones públicas no se conviertan en proyectos fallidos. La comunidad, que depende de estas rutas para transportar bienes esenciales, exige coordinación y responsabilidad a todos los niveles de gobierno para que los trabajos se completen conforme a las normas técnicas y se garantice la seguridad de quienes transitan a diario por estas carreteras rurales.
¿Qué son los Convenios Solidarios y cómo funcionan en la ejecución de obras públicas?
La inquietud surge del papel que los Convenios Solidarios han tenido en el desarrollo incompleto de las placas huellas en Filandia, pues constituyen una vía de colaboración entre el Estado y las comunidades organizadas para ejecutar obras de interés local. De acuerdo con lo expuesto por La Crónica, estos convenios buscan democratizar la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana, permitiendo que juntas de acción comunal reciban materiales e insumos para abordar necesidades de infraestructura, como el mejoramiento de vías rurales y obras menores.
Sin embargo, la experiencia en La Palmera y El Vergel pone en evidencia los desafíos que enfrentan cuando no se brindan las herramientas, capacitación y acompañamiento técnico necesarios. La ejecución comunitaria sin orientación profesional adecuada puede dar como resultado proyectos incompletos y de baja calidad, lo que obliga a replantear la forma en que estos convenios se implementan y supervisan para evitar la improvisación y pérdidas de recursos públicos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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