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El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, ha elevado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra de varios congresistas pertenecientes a la oposición, acusándolos de incentivar la intervención militar extranjera en Colombia. Esta acción judicial se produce en el contexto de un ambiente político convulsionado, marcado por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y por recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se pronunció en términos críticos hacia el presidente colombiano Gustavo Petro. Según lo consignado en el documento oficial, la acción se orienta específicamente contra los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández, del partido JP; María Fernanda Cabal; y la representante a la Cámara Lina María Garrido, señalando como evidencia diversas publicaciones realizadas en la red social X (anteriormente Twitter) que, a juicio del ministro, trascienden el plano de las opiniones políticas.
El documento que respalda la denuncia señala de manera detallada que, aunque las publicaciones de los legisladores en la plataforma X podrían interpretarse como posturas políticas, en este caso particular adquieren mayor relevancia. Según la acusación, dichos mensajes no solo tienen implicaciones políticas sino que también incluyen exhortaciones que podrían ser entendidas como llamados directos a la intervención militar, aspecto que va más allá del debate democrático para situarse en el terreno de la promoción de hostilidades contra Colombia.
Idárraga sostiene que estas declaraciones vulneran la obligación constitucional de los congresistas de resguardar el orden jurídico y la soberanía nacional. El jefe de la cartera de Justicia advierte que el Código Penal colombiano prevé severas sanciones para quienes, por cualquier medio, procuren someter a la nación a la dominación extranjera, socaven su soberanía o alteren la cohesión del Estado. En este sentido, la denuncia es clara en su argumentación: promover acciones hostiles o invitar a invasiones desde el exterior representa una amenaza directa contra la existencia e integridad de la nación.
El texto presentado ante la Corte Suprema recalca, además, que incitar a la guerra incluye estimular acciones hostiles o proponer la instalación de bases extranjeras en territorio nacional, conductas que no solo debilitan la integridad de los poderes públicos, sino que implican una renuncia a los deberes esenciales de las autoridades elegidas frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos. La denuncia enfatiza que estos mensajes —sumados a expresiones como la que sugiere que el presidente colombiano podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro— superan el derecho a la libre expresión y constituyen un aliciente para la hostilidad externa contra las instituciones de Colombia.
Según las apreciaciones recogidas en el documento, la denuncia vuelve a enfatizar la responsabilidad de los funcionarios públicos de preservar la unidad nacional y advierte que la invitación a operativos militares extranjeros configura un grave peligro para la nación, protección jurídica estipulada en las leyes colombianas. Para quienes deseen ampliar información relacionada con temas de justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador dispone de una sección dedicada a asuntos judiciales.
¿Qué consecuencias legales podría enfrentar un congresista por promover acciones consideradas hostiles contra la soberanía nacional?Esta pregunta surge de las advertencias realizadas en la denuncia interpuesta por el ministro de Justicia encargado. En el contexto colombiano, la protección de la soberanía y la unidad nacional tiene rango constitucional y se ve respaldada por el Código Penal, el cual sanciona con severidad cualquier conducta que atente contra estos bienes jurídicos fundamentales.
Los congresistas, como representantes del poder público, poseen obligaciones constitucionales que les impiden, explícitamente, incitar o apoyar actos hostiles contra la integridad del Estado. Cualquier infracción a estas normas, de acuerdo con el Código Penal colombiano, podría derivar en procesos judiciales y sanciones que van desde la destitución hasta penas privativas de la libertad, evidenciando la gravedad con la que el ordenamiento jurídico colombiano trata la salvaguardia de sus instituciones y territorio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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