El millonario costo diario por los esquemas de seguridad incluye pagos que van desde chalecos antibalas, botones de pánico y escoltas hasta escudos, carros y apartamentos blindados, multas de tránsito, gasolina (unos 800 millones de pesos al año) y viáticos para escoltas (que solo en el Congreso corresponde a 300 millones de pesos anuales), de acuerdo con El Tiempo.
Son más de ocho mil esquemas de seguridad, algunos de ellos con 20 o más escoltas, que cada año le cuestan al país más de 483.000 millones de pesos, asumidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Procuraduría”, señaló el medio.
La cifra la reveló el diario justo en la misma semana en la que el presidente Juan Manuel Santos ordenó revisar los esquemas de seguridad en todo el país, para verificar qué personalidades de las que hoy tienen medidas de protección aún las requieren tal y como están, o si estas ya pueden quitarse o reducirse, pues algunos creen que el servicio de escolta en el país se ha vuelto no un tema de necesidad, sino de estatus social, publicó el medio.
La petición del Presidente de la República tiene como fin de bajar los millonarios costos que paga el país por ese concepto, citó La W Radio. Además, está relacionada con la polémica que se dió en los últimos días, luego de que se conociera que por el esquema de seguridad del exprocurador Alejandro Ordoñez, sus tres hijas y su esposa, le cuesta a los colombianos alrededor de 62 mil millones de pesos.
Otro caso polémico es el de 43 de 45 concejales de Bogotá “que tienen carro blindado y dos policías en moto para moverse por la ciudad, a pesar de que la misma UNP considera que el riesgo es bajo. De hecho, uno de los más reconocidos, Juan Carlos Flórez, nunca aceptó esa seguridad y va y viene a las sesiones en Transmilenio”, explicó El Tiempo.
Sobre su solicitud y los casos citados, el Gobierno precisó que la revisión para ver quiénes siguen o no necesitando las medidas de protección “no es para estigmatizar a los protegidos. Hay personas que requieren seguridad, y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Pero lo que no puede seguir pasando es que se mantengan esquemas a quien no los necesita”, puntualizó el periódico.
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