Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas.
El pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, un hecho estremecedor sacudió la escena política colombiana. Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue víctima de un atentado armado perpetrado por un menor de 14 años. El joven logró disparar tres veces contra Uribe, hiriéndolo en la cabeza y una pierna. El ataque, captado en video y presenciado por decenas de personas, expuso con crudeza las vulnerabilidades del esquema de seguridad que protegía al político.
Testigos describen cómo el atacante se acercó al candidato y desenfundó el arma —una pistola Glock 9 mm de uso oficial adquirida en Arizona, EE.UU. — y abrió fuego. Especialistas en seguridad señalan que no hubo anticipación ni control del entorno, lo que permitió al menor ejecutar el atentado, huir brevemente y tomar distancia antes de ser interceptado.
El esquema de protección de Uribe, integrado apenas por dos escoltas, ha sido duramente criticado. Aunque el concejal Andrés Barrios, presente en el evento, defendió la reacción de su equipo de seguridad, los expertos aseguran que la falta de personal, planificación y protocolos básicos puso en riesgo no solo al precandidato, sino a las cerca de 300 personas reunidas en el lugar. El uso improvisado de canastillas de cerveza como tarima también facilitó que Uribe sobresaliera en la multitud, convirtiéndose en blanco fácil.
(Vea también: Disidencia de ‘Mordisco’ dice que no mandó a matar a Miguel Uribe y negó versión de Dávila)
El caso evoca el trágico asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, y su hijo, Juan Manuel Galán, responsabilizó al actual gobierno por el clima de polarización que podría estar alentando ataques como este. La Fiscalía ya analiza más de 1.000 vídeos y testimonios en busca de los autores intelectuales, mientras el menor permanece hospitalizado y se enfrenta a cargos por intento de homicidio y porte ilegal de armas.
La sociedad política y civil exige respuestas: ¿quién contrató al menor? ¿Quién dio la orden? Y sobre todo, ¿cómo evitar que Colombia regrese a los tiempos más oscuros de su historia?
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