“Los migrantes venezolanos sin capacidad de pago, pobres y vulnerables con Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, así como sus hijos menores de edad con documento de identidad válido” serán cobijados por el régimen subsidiado estatal de Colombia, señala el decreto con fecha del 20 de enero.

El ministro de Salud, Iván González, indicó en rueda de prensa que quienes “tienen su situación migratoria regularizada van a poder afiliarse al sistema de salud” y que el régimen al que serán afiliados dependerá de su capacidad monetaria:

“Aquellos que no puedan pagar van a ingresar al régimen subsidiado y aquellos que tengan trabajo aparte de su situación regular migratoria pues entrarán al contributivo como ya hay varias”.

La viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, explicó que el proceso de afiliación lo pueden hacer a través de la página web del Ministerio “a través del Sistema de Salud Transaccional, las entidades territoriales y los hospitales. Estimamos que tenemos pendientes por afiliar a 410.000 personas y esos son los que tendrían derecho a la cobertura”.

El Gobierno atribuyó su decisión a la crisis económica, política y social que afronta Venezuela, la cual desencadenó el ingreso masivo a Colombia de migrantes de esa nación desde 2015.

Citando datos de Migración, el decreto detalla que hay más de 1,4 millones de migrantes venezolanos en Colombia, de los cuales unos 740.000 están en condición irregular, que los ubica en situación de vulnerabilidad.

Entre las condiciones establecidas en el decreto se cita que los “migrantes venezolanos afiliados deberán acreditar su permanencia en el país, actualizando la información de su domicilio cada cuatro meses ante la entidad territorial municipal donde se encuentren domiciliados”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el número de venezolanos que han abandonado su país a raíz de la crisis ha superado la barrera de los 4 millones.

De los más de 1,4 millones de venezolanos que hay en Colombia, unos 320.000 (20 %) están radicados en Bogotá; unos 93.000 en Cúcuta, y alrededor de 80.000 en Medellín, según datos oficiales.

El Gobierno ha alertado que los principales retos a los que se enfrentan los países de acogida tienen que ver con la “atención permanente en materia de salud” que necesitan los migrantes venezolanos o a la matrícula de niños en el sistema educativo.

La OIM y la Acnur indicaron a mediados de noviembre que se requieren 1.350 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos.