En días pasados se había acusado al Centro Democrático de impulsar un artículo similar en el mismo Plan para cambiar la ley 160 de 1994 con el fin de “resolver la propiedad” de tierras, muchas de ellas ocupadas por la fuerza.

Tierras y propuesta del Centro Democrático

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En esta oportunidad, la iniciativa apuntaría a “hacer un borrón y cuenta nueva, legalizando así la adquisición ilícita de millones de hectáreas del Estado por parte de particulares“, tal como escribió el propio congresista en El Espectador.

De acuerdo con Arias, la ley colombiana prohíbe la adquisición de tierras “a través de la figura legal de la prescripción adquisitiva de dominio, denominada jurídicamente usucapión”. Sin embargo, denuncia que, según estudios, unos 12.000 terratenientes que se hacen pasar por propietarios de buena fe se habrían apropiado irregularmente de tierras del patrimonio público utilizando esa figura ante los juzgados.

El senador añade que el texto promovido carece de elementos para distinguir entre quienes han apelado a tales conductas y los campesinos reclamantes sin otras propiedades, con patrimonio limitado y que han recibido tierras de la Unidad Agrícola Familiar.

“Según la propuesta, lo que hay que hacer es aceptar que todas las sentencias proferidas por jueces violando la Ley, antes del 3 de agosto de 1994, se entiendan legales aún cuando estas hayan recaído sobre predios baldíos que son de la nación”

El senador Ciro Ramírez, uno de los promotores, defendió la iniciativa de una forma casi idéntica de como lo hizo con la primera denuncia. “Esta es una solución que requieren muchos colombianos tenedores de menos de 10 hectáreas y lo que buscamos es unificar las normas con las sentencias de la corte y que quede todo claro y sin cabida a interpretaciones“, cita Caracol Radio.

Arias insiste en sus denuncias hablando de la reactivación de “un ejército antirrestitución de tierras” e incluso añadió que lo que se busca al incluir esto en el Plan de Desarrollo es promover “una contrarreforma agraria”:

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la que alertó del primer ‘mico’, asegurando que pretende hacer una reforma agraria para indultar esas actuaciones ilegales que, en muchos casos, fueron utilizadas para conseguir los baldíos.