En cumplimiento de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, Medellín aseguró los recursos necesarios para construir una cárcel metropolitana para personas sindicadas, es decir, que están privadas de la libertad sin que todavía sean condenadas por un juez. 

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Con una cerrada votación de once votos positivos contra nueve negativos, el Concejo de la capital antioqueña aprobó un proyecto de vigencias futuras para construir el penal que estará ubicado en el corregimiento San Cristóbal, occidente de la ciudad. 

Esto permitiría, en el corto plazo, atender el hacinamiento en las estaciones de Policía y en el búnker de Fiscalía, cuya sobreocupación está por encima del 200 %. Cuando sea inaugurado, el penal tendrá capacidad para casi 1.400 internos en seis pabellones. 

“Presentamos este proyecto que es de suma importancia para dignificar las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad en las 27 estaciones de la Policía de Medellín y que nos genera una cantidad de problemas, entre ellos de seguridad, porque tenemos a los policías en funciones que no les corresponden”, dijo el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, durante la votación. 

En total se aprobaron vigencias por 56.210 millones de pesos anuales, entre 2026 y 2037. La construcción comenzaría en 2024 y su funcionamiento en 2026 bajo el modelo público privado. 

Aunque la aprobación fue aplaudida por el Secretario de Gobierno Juan Pablo Ramírez, otros líderes como el concejal Sebastián López denunciaron posibles intereses en la contratación. 

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