En un reciente consejo de seguridad celebrado en el municipio de Vista Hermosa, Meta, el mandatario departamental, Juan Guillermo Zuluaga, ha enviado una dura advertencia a los grupos armados ilegales que buscan perturbar la paz de los campesinos y comerciantes en el departamento.

“He tomado la decisión de manera personal de que en nombre de mis paisanos voy a recoger toda esa in­formación y voy a denunciarlos (a los delincuentes). Y de oficio también la Fiscalía General y las demás entidades deben iniciar esos procesos, porque ese cese al fuego y cese a las hostilidades tiene que estar acompañado por una voluntad real de todos estos grupos. Es que dejen trabajar a la gente, que los agricultores, las Juntas de Acción Comunal, quieren que no los involucren en este conflicto”, dijo enfáticamente Zuluaga.

Ante la grave situación de violencia que se vive en los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral. Según la Defensoría, unas 24.000 personas se encuentran en alto riesgo de afectación a sus derechos humanos debido a las disputas entre grupos armados ilegales.

El 16 de febrero de 2023, el SAT Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, emitió la alerta, mediante la cual pretende prevenir la consumación de violaciones masivas a los derechos humanos, así como la materialización de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las jurisdicciones de los municipios del Castillo, Lejanias y Cubarral en el Departamento del Meta.

En su visita al departamento del Meta, en el marco de la audiencia defensorial de derechos humanos, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, indicó que ya identificaron algunos grupos armados que buscan despojar a los campesinos de sus tierras.

“Desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas encontramos que los diferentes grupos armados organizados buscan despojar a los campesinos de sus tierras y fomentar el abandono forzado con el objeto de interferir con la implementación de la figura de restitución de tierras”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La situa­ción es alar­mante y compleja, ya que en esta zona operan varios grupos armados ilegales en la vasta zona de influencia del Parque Nacional Natural del Sumapaz en dichos municipios, y la presencia de integrantes de las facciones disidentes de las Farc, principalmente el frente 40, frente 53 y la Nueva Marquetalia, pone en riesgo a la población civil, especialmente de las zonas rurales apartadas o de la llamada parte alta de dichos municipios. Es necesario que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de la población y erradicar la presencia de estos grupos armados ilegales en la región.

La alerta temprana también advierte sobre la presencia de grupos sucesores del paramilitarismo, como las Agc, y su eventual accionar en los cascos urbanos de dichos municipios. Además, la alerta describe actividades mineras ilegales, extracción de oro en la parte alta de Cubarral, así como actividades criminales como amenazas y homicidios selectivos con el propósito de interferir en la implementación de la figura de restitución de tierras.

La alerta trata aspectos transversales a dichos documentos de advertencia, como desplazamientos forzados y posible reclutamiento forzado. Asimismo, describe los índices de pobreza multidimensional y de carencia en las comunidades así como la dificultad de acceso a oferta institucional que contribuya a superar

Las brechas de retraso de desarrollo y bienestar para la población civil, sobre todo en la zona rural.de los tres municipios, así como la dificultad de acceso a oferta institucional que contribuya a superar las brechas de retraso de desarrollo y bienestar para la población civil, sobre todo en la zona rural.

En su parte final, dicha alerta for­mula una seriede recomendaciones con destino a la institucionalidad con el fin de fomentar políticas públicas y acciones coordinadas y eficaces para mitigar, disminuir y, de ser posible, superar el escenario de riesgo descri­to en el documento de advertencia. Este escenario de riesgo se origina por toda una serie de factores estructura­les que se busca sean superados.

El gobernador del Meta hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga de manera contundente en el departamento y defienda a los campesinos que están siendo afectados por la violencia. “La gente también la matan cuando la destierran, cuando hay un fusil que le apunta, no disparan, pero lo obligan a pagar extorsión o desterrarlo, lo están matando de otra manera”, afirmó el Gobernador.