Durante 2021 se registraron “145 homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos“, indicó en un comunicado la entidad que vela por las garantías fundamentales.
El número es menor que el de 2020, cuando la Defensoría del Pueblo identificó 182 casos. El organismo estatal estableció que entre los muertos hay 32 representantes indígenas, 16 líderes campesinos o agrarios y siete sindicalistas.
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“Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales“, expresó el jefe de la Defensoría, Carlos Camargo, sin dar detalles sobre los presuntos responsables de estos ataques.
Desde la firma de la paz con la guerrilla Farc en 2016, los homicidios contra los líderes son recurrentes. Organizaciones sociales denuncian que guerrilleros que siguen alzados en armas, miembros de grupos narcotraficantes y agentes estatales estarían detrás de las muertes.
Los departamentos con mayor número de casos fueron Antioquia (24), Cauca (22) y Valle del Cauca (19), corredores del tráfico de drogas. En esas tres regiones operaban las Faec y los territorios que desalojaron están en disputa por los miles de hectáreas de narcocultivos o minas ilegales de oro y otros recursos.
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas, según oenegés como la internacional Global Witness, que lo señala como el más letal para los ambientalistas (65 muertos en 2020).
El gobierno del Iván Duque acusa al narcotráfico de estar detrás de los homicidios. Colombia, mayor productor de cocaína en el mundo, vive el peor rebrote de violencia después de la firma de la paz con la otrora guerrilla más poderosa de América.
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