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La plazoleta de La Aguacatala, identificada formalmente como el intercambio vial Miguel Zapata Restrepo, ha sido durante más de veinte años un ejemplo de convivencia y actividad comercial en un espacio que contrasta con otros puentes del centro de la ciudad o el puente de Guayabal, donde el abandono ha propiciado asentamientos de habitantes de calle y presencia de delincuentes, según ‘El Colombiano’. En este entorno, desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche, los visitantes encuentran negocios diversos como panaderías, restaurantes, talleres automotrices y un lavadero de carros funcionando todo el día, así como ventas de licores, perfumerías y una academia de baile.
Sin embargo, el escenario se ha complicado por una disputa legal entre el Distrito y José Herlindo Giraldo, particular que desde 2003 administra los locales como resultado de un contrato suscrito con la alcaldía de Luis Pérez por tres años, sin concurso público. A pesar del vencimiento del contrato y de no firmarse acta de cancelación, Giraldo nunca devolvió la posesión de los locales. El conflicto escaló cuando, en el primer mandato de Federico Gutiérrez, la administración interpuso una demanda de caducidad, que perdió en 2018 porque el proceso se había iniciado fuera del plazo legal y, más tarde, el Tribunal Administrativo ratificó la decisión. Ante este revés, la Alcaldía se vio obligada a iniciar una acción civil para buscar la restitución del bien, de acuerdo con las recomendaciones judiciales.
De acuerdo con funcionarios de Planeación y Control Territorial que participaron en las audiencias recientes, se detectaron irregularidades como la intervención indebida de la estructura y el incremento de 16 a 26 negocios, resultado de subdivisiones no autorizadas. También se reportó el cambio de materiales de piso e instalación de mesas y cubiertas sin permiso. Un informe oficial indica que la mayoría de los negocios actuales incumple el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente desde 2014, que establece a este lote de aproximadamente 8.000 metros cuadrados como espacio público y vial, además de usos comerciales no permitidos, como talleres, compraventas y hasta un espacio residencial para un familiar de Giraldo.
Discrepancias sobre pagos de arriendo complican aún más el caso. Según abogados de comerciantes, Giraldo aún paga un canon unificado mensual a la Alcaldía, pero subarrienda a precios mucho más altos, mientras la Alcaldía asegura que existen deudas por más de $1.800 millones. Los comerciantes reiteran que actuaron de buena fe y piden alternativas de reubicación o que la Alcaldía acepte pagos directos de arriendo.
¿Por qué existe un conflicto legal entre la Alcaldía y el administrador de la plazoleta de La Aguacatala?
El conflicto se origina por la permanencia de José Herlindo Giraldo en los locales desde la firma de un contrato en 2003 que, según la Alcaldía, caducó en 2006. Sin embargo, Giraldo nunca devolvió los espacios y continuó subarrendando, mientras la Alcaldía siguió aceptando pagos durante varios años. Las autoridades consideran que se realizaron modificaciones urbanísticas y ocupaciones no permitidas, lo que derivó en procesos judiciales y una actual querella en busca de la restitución del bien.
¿Qué argumentos usan los comerciantes para evitar el desalojo en el caso de La Aguacatala?
Los comerciantes alegan buena fe, ya que afirman desconocer las complicaciones legales entre Giraldo y la Alcaldía al momento de tomar en arriendo los locales. Por ello, exigen no ser desalojados sin antes ofrecerles alternativas como la posibilidad de pagar arriendo directamente a la administración o recibir un plan de reubicación que permita mantener sus fuentes de trabajo y sustento.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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