Desde hace varios años, el trabajo periodístico de documentar casos de pederastia de la Iglesia católica en Colombia está en el terreno de la justicia. Tutelas, derechos de petición y hasta denuncias han sido la constante en las investigaciones del periodista Juan Pablo Barrientos sobre casos de abuso a menores perpetrados por sacerdotes, que ya ha logrado consolidar en dos libros. El episodio más reciente lo protagoniza la Arquidiócesis de Medellín que, después de varios meses de demoras, cumplió, al parecer a medias, una solicitud de información que había pedido el reportero.

Se trata de un derecho de petición que presentó Barrientos hace meses en el que pedía información sobre 915 sacerdotes que han pasado por la Arquidiócesis de Medellín. Ante la negativa de contestarle, el periodista recurrió a una tutela que ganó en junio pasado Corte Constitucional, entidad que le ordenó a la Iglesia contestarle a Barrientos. Después de varias excusas, y pese a que tenía 48 horas para hacerlo, solo lo hizo hasta este jueves 25 de agosto. El Arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, publicó un video en el que explicó que revelaba la información requerida como muestra de transparencia, compromiso de la verdad y para que quedara claro que no existe un propósito de encubrimiento.

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Sin embargo, las declaraciones del padre levantaron polémica. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), las palabras de Tobón Restrepo pretenden deslegitimar y censurar a Barrientos, y es una evidencia más de una campaña de la Iglesia para atacar al periodista.

“La última estrategia es atacar la ética profesional de Barrientos y cuestionar los motivos de su investigación, con lo que pretenden minar la confianza de la sociedad en su trabajo. Horas después de la publicación de las declaraciones, varias personas ya han dirigido mensajes que atacan a Barrientos”, explicó la FLIP.

Este es el mensaje el arzobispo Ricardo Tobón que la FLIP considera intimidatorio:

Para el padre Tobón Restrepo, el trabajo periodístico de Barrientos es, en realidad, “una campaña malintencionada contra la Iglesia” y además afirma que es “calumnioso contra la Iglesia y que manipula la información para decir que hay una red de pederastia (…) No puedo permanecer en silencio frente a esta cadena de ataques injustos e inaceptables”. Para la Fundación, que ha seguido de cerca las constantes intimidaciones en contra del periodista, los miembros de la Iglesia deben abstenerse de seguir intimidando a Barrientos mediante el uso del derecho o de declaraciones que desacreditan su trabajo.

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“Los incansables intentos de censura en este caso afectan también el derecho del resto de la ciudadanía a informarse y participar en la discusión pública sobre los abusos sexuales a menores de edad, asunto de alto interés público. Adicionalmente, hacemos un llamado a los jueces de tutela para que vigilen el cumplimiento de sus órdenes para que se materialice la protección de los derechos fundamentales”, recalcó la Flip, que además le pidió a Tobón Restrepo que publique la información completa que requirió el periodista.

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Aunque para la Flip y Barrientos, la Iglesia no contestó lo que pidió ni lo que le ordenó la Corte, la Arquidiócesis de Medellín elaboró un documento en el que reveló una lista de 25 sacerdotes que han sido denunciados por esta clase de delitos durante los últimos 30 años. Según se lee en el archivo, ocho fueron suspendidos por una medida cautelar; seis fueron “dimitidos al estado clerical”; dos están actualmente en investigación; en ocho casos los denunciados no son sacerdotes y hay un caso en el que el hombre está en su casa, por avanzada edad.

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Asimismo, el documento revela que siete sacerdotes se encuentran actualmente cumpliendo con una pena canónica y cinco más. En total, dice la Arquidiócesis de Medellín, en los últimos 30 años le ha enviado a la Fiscalía 26 casos de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso de menores. Sobre estos datos, llama la atención que los más antiguos ocurrieron entre 1996 y 1998 y solo hasta 2019, la Iglesia envió los expedientes al ente investigador. La denuncia más actual fue presentada en 2017 y solo hasta este año, el caso fue enviado a la Fiscalía.

Con este documento, ahora el caso judicial pasa de nuevo a una jueza de Medellín que deberá estudiar si con la publicación de esa lista de casos, la Arquidiócesis cumplió con la orden de la Corte o si, por el contrario, la información allí plasmada no responde a la solicitud de Barrientos, que pidió información sobre 915 sacerdotes, y no solo 36, como se lee en el reporte. Para el periodista y la Flip, es claro que la Iglesia no ha cumplido con lo ordenado por la alta corte.

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