El funcionario mencionó en Noticias Caracol que el asesinato de los jóvenes se pudo haber dado por la necesidad de los delincuentes de generar un control arduo sobre la población, que estaría involucrado con medidas de represalias por violación de las medidas sanitarias, esto teniendo en cuenta que las víctimas estaban en medio de una celebración con más de 50 personas.
Gómez destacó en el medio que no hay duda de que en el suroccidente del país hay una expansión de grupos armados ilegales, particularmente de facciones disidentes de las Farc. “En ese territorio en particular del Eln, y en algunos otros sectores del departamento de Nariño por parte de los que se autodenominan como las AGT”.
El director alertó además, en el noticiero, que en ese sector hay una disputa abierta entre las estructuras criminales para apoderarse de territorios que son estratégicos, particularmente para la economía ilegal del narcotráfico.
“Aquí incurren en prácticas con sevicia para generar amedrentamiento a las comunidades, pero sobre todo contra quienes están combatiendo esos territorios”, agregó el funcionario de la Defensoría del Pueblo en el informativo.
La Defensoría del Pueblo destacó que este, aparte de ser un problema de seguridad y orden público, demuestra falta de presencia estricta del Estado y las autoridades en materia de educación, salud y proyectos productivos. “Tienen que llegar al departamento de Nariño y hacer una oferta robusta, no solamente en materia de seguridad, sino en la provisión de bienes básicos para la satisfacción de todos los derechos económicos y sociales”, finalizó.
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