Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría sido radicada una solicitud para que el partido Colombia Democrática recupere su personería jurídica. Se trata de la colectividad que llevó al Congreso a Mario Uribe Escobar, el exsenador condenado por parapolítica y primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Según lo conoció la W Radio, la solicitud fue radicada en enero pasado y se suma a otra cuantas que buscan crear o revivir partidos políticos, una figura clave de cara a las elecciones regionales de octubre. Es a través de la personería jurídica que movimientos pueden entregar avales a candidatos para las elecciones.

Colombia Democrática fue un partido fundado en 2006 que se desprendió de una disidencia ideológica del Partido Liberal en Antioquia. Fue liderado por Álvaro Uribe y por su primo Mario Uribe Escobar, quien fue condenado por concierto para delinquir en el marco del escándalo conocido como Parapolítica en Colombia, tras la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares.

Igualmente, otros dos exsenadores de ese partido: Erick Julio Morris, Ricardo Elcure Chacón fueron condenados por parapolítica. Mientras tanto, Miguel Alfonso de la Espriella fue señalado por lo mismo y capturado en ese entonces.

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Según lo cuenta la W, estaría pidiendo de nuevo la personería jurídica bajo el argumento de que no se pudieron presentar a las elecciones legislativas de 2010 “por falta de garantías de seguridad” y “para no exponer a sus dirigentes y candidatos”.

En los últimos meses hemos visto una lluvia de personerías jurídicas. S bien en este caso estamos hablando de un movimiento en el que algunos de sus militantes participaron en actos delictivos; lo cierto es que el incremento en el número de partidos puede traer consecuencias importantes para la democracia.

Actualmente hay 28 organizaciones políticas con personería jurídica, mientras que en 2019 eran sólo 16. Eso quiere decir que ha habido un incremento del 75% en el número de partidos reconocidos, que tienen acceso a financiación estatal, participación en los medios de comunicación y con la capacidad de entregar avales para las elecciones regionales de 2023.

Esa situación implica varios riesgos en el proceso de elección de autoridades políticas y de miembros de corporaciones públicas. No sólo dificulta la representación, sino que también podría limitar la vigilancia y el control, dando mayor espacio a la ejecución de delitos, clientelismo y corrupción.

En palabras de Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “no tenemos una institucionalidad electoral con una buena capacidad de control, por lo que sería imposible hacerle seguimiento a la financiación de todas las campañas políticas, a las transacciones y candidaturas”.