Un bote que iba por el río Atrato hacia Bojayá fue retenido por un grupo armado el pasado jueves. A bordo iba una delegación del gobierno electo de Gustavo Petro que adelanta diálogos regionales. Los hombres no se identificaron, portaban uniformes y botas nuevas, armas largas. Bajaron a uno de los integrantes de la comitiva que les pareció sospechoso, le quitaron el celular y se alistaron para dispararle.

Después de media hora de intimidaciones, los armados dejaron ir el bote, no sin antes decirles que controlaban la zona y que nadie podía transitar sin su permiso. La comitiva llegó a Bojayá y se reunió con cerca de 200 personas que le mandaron un mensaje perentorio al presidente electo: declarar la emergencia humanitaria en Chocó. Denunciaron que los paramilitares –como denominan al Clan del Golfo– los tiene arrinconados, que reclutan a sus hijos e hijas y que la situación es insostenible.

El episodio, más allá de ser una anécdota, es la radiografía del país que recibe Gustavo Petro. Comunidades como la de Bojayá, que votaron mayoritariamente por él (91,33 %) y a favor del plebiscito (95,78 %), guardan la esperanza de que la paz que no llegó con la firma del Acuerdo Final, llegue ahora con el cambio de mando en la Presidencia. Territorios como Catatumbo, Arauca y Cauca, por nombrar solo algunos, también esperan que la política de paz total anunciada por el nuevo gobierno se traduzca en una mejora pronta y sustancial de sus condiciones de seguridad.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos documentó en su último informe 53 masacres y 56 asesinatos a defensores de DD.HH. y líderes sociales. Es decir, un total de 541 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que entre enero y mayo de 2022, 60.765 civiles ha sido confinados y 33.800 han sido desplazados forzadamente, la mayoría pertenecientes a pueblos étnicos.

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No es gratuito que parte de la estrategia del nuevo gobierno, antes del 7 de agosto, haya sido la realización de los diálogos regionales. Jorge Rojas, delegado para esta tarea, estuvo esta última semana en Roberto Payán, donde Petro obtuvo el 95 % de la votación. Y además de Bojayá –donde los habitantes exigieron iniciar cuanto antes una negociación con el Eln y darles solución a los grupos macrocriminales–, también estuvo en Quibdó hablando con autoridades locales, el gobernador, autoridades ambientales y pequeños empresarios de la minería.

Para las comunidades del Chocó, el tema de los diálogos regionales no es nuevo. La propuesta de Acuerdo Humanitario Ya! para el Chocó surgió en 2016 por iniciativa de varios consejos comunitarios y organizaciones étnicas del río San Juan. Fue llevada a la mesa de diálogos con el Eln que el gobierno de Juan Manuel Santos sostenía en Quito. y Elizabeth ‘Chava’ Moreno, lideresa del mayor Consejo Comunitario del río San Juan, la entregó personalmente a los negociadores. La propuesta exige que los grupos armados no hagan presencia con uniformes y armas en los caseríos, así mismo que se comprometan a no reclutar menores de edad ni instalar minas antipersona.

Rojas debe adelantar una jornada intensiva de diálogos regionales durante los primeros 100 días del gobierno para llevar estas inquietudes al Plan Nacional de Desarrollo y para que hagan parte de la agenda con el Eln. Los siguientes diálogos serán en los departamentos de Nariño y Cauca, donde Petro obtuvo votaciones cercanas al 80 %.

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Agenda legislativa

Además de los diálogos regionales, el gobierno entrante ha contemplado otros elementos en su llamada paz total. Por un lado, está una agenda legislativa que incluye las reformas que han retrasado la implementación del Acuerdo Final. En ese paquete están la reforma política, la reforma rural y medidas para proteger de la vida de lideres sociales y excombatientes de las Farc.

En esa agenda legislativa entran también la extensión de la Ley 418 –que permite establecer contactos con otros grupos armados ilegales– y la ley de acogimiento o sometimiento a la justicia para estos grupos. Luego vendrá la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Y, claro, se incluye la reforma tributaria, ya que una condición indispensable es contar con recursos para implementar este ambicioso plan de gobierno.

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Sobre estos puntos, el senador Iván Cepeda explicó que uno de los temas que están considerando en los borradores de los proyectos de ley es ponerles límites a los contactos con grupos armados ilegales como las Agc. Tendrán una agenda, dice, pero no será un diálogo, ya que no se discutirán reformas estructurales y solo tratarán allí temas de orden judicial. Por ejemplo, cómo atender los procesos de desmovilización y reincorporación. El senador hizo hincapié en que estas normas incluirán un completo plan social para atender a las poblaciones que están ubicadas en zonas de control de estos grupos.

En el caso de las disidencias de las Farc, la fórmula para su desarme o desmovilización no está clara. Como dijo el canciller designado, Álvaro Leyva, la solución a este fenómeno requerirá de mucha creatividad para no desbordar los límites de la Constitución, ni de los tratados internacionales firmados por Colombia.

El diálogo con el Eln

Sin duda, este tema, junto al sometimiento de otros grupos armados ilegales, es de los que más expectativa despiertan en el país. Ya hay declaraciones de lado y lado. Esa guerrilla manifestó su intención de hablar con el nuevo gobierno. Los países garantes y acompañantes, como Noruega, Cuba y Chile, dijeron estar listos para prestar sus buenos oficios y se sabe que tanto la Misión de Verificación de la ONU como la jerarquía de la Iglesia católica, que estuvieron presentes en contactos secretos respaldados por el gobierno saliente, ya le hicieron saber a Petro que lo acompañarán en este nuevo capítulo.

Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno será restablecer el famoso protocolo firmado con la delegación de paz del Eln y los países garantes –Cuba y Noruega– que el gobierno de Duque desconoció al pedirle al gobierno de la isla expulsar de su territorio a integrantes del Eln que estaban negociando con el gobierno de Santos. Leyva lo dijo: “la paz total empieza en Cuba”. Se espera que haya un acto de desagravio con el gobierno cubano para, ahí sí, comenzar los contactos.

También está claro que el nuevo gobierno no quiere empezar de ceros. Así lo reconocieron tanto el presidente electo, como el canciller designado y el alto comisionado Danilo Rueda. El diálogo se retomará con la misma agenda que estaban discutiendo durante la era Santos, incluida la posibilidad cercana de un cese al fuego bilateral.

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Los retos

Uno de los más importantes es lograr consenso para el sometimiento y la desmovilización de grupos como las Agc y las diferentes facciones de las llamadas disidencias de las Farc. Sin haberse conocido aún el borrador de las normas, la oposición ya ha alertado porque se puede generar impunidad en estos procesos.

El segundo es armonizar esta agenda con el estamento militar. El nombramiento de la nueva cúpula será una de las decisiones más importantes que debe tomar el presidente Petro. Ese será el primer mensaje concreto que envíe a las tropas y deberá ser tranquilizador y de respeto. Es clave que se siente cuanto antes con los altos mandos de las fuerzas y les comunique cuál será su estrategia de seguridad. Si esos primeros mensajes son acertados, tendrá la posibilidad de mantener una comunicación fluida basada en el respeto.

El tercero será armonizar la institucionalidad de la paz. Tal como lo deja en claro el informe de empalme, ese es uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo Final. Esa falta de articulación ha sido mencionada incluso en los informes de la Misión de Verificación de la ONU.

El cuarto será lograr acompasar las diferentes fases de ejecución de la política de paz total. El Congreso tendría que aprobar la reforma tributaria para obtener los recursos, pero al mismo tiempo deben avanzar los diálogos regionales que eleven las prioridades de inversión al Plan Nacional de Desarrollo y alimenten el diálogo con el Eln. También debe lograr las leyes necesarias para desarticular los grupos armados ilegales y avanzar en la negociación con el Eln. Solo así se podrá hacer realidad ese concepto de diálogos y negociación, paz territorial y participación social y aprobación de reformas estructurales.

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Así se prepara Arauca para los diálogos regionales

En Arauca, varias organizaciones de la sociedad civil están convocando a un Cabildo por la Paz el próximo 26 de agosto, en el que participen organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y líderes sociales. La idea es construir una propuesta de agenda territorial de paz para tratar la problemática de la presencia del frente Domingo Laín, del Eln, que opera allá.

Invitarán a la Comisión de Paz del Senado, al presidente Gustavo Petro, a Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, y al canciller Álvaro Leyva. La agenda incluye los desplazamientos forzados en el departamento —van más de 5.000 desplazados en lo corrido del año solo en Tame— y los homicidios —van más de 250 asesinatos en 2022 en el departamento—, ocasionados por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. También buscan dar pistas sobre cómo se debería negociar la paz con la guerrilla del Eln, basados en su presencia territorial. Dicen que pueden intentar acercamientos regionales como un aporte al proceso de negociación.

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El movimiento campesino del Catatumbo quiere aportar

Desde la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo ya se ha decantado una primera propuesta: que, antes de finalizar agosto, dicha mesa sesione en el municipio de Tibú —donde más recrudecido está el conflicto y disidentes de las Farc patrullan y graban videos a plena luz del día— con la presencia del nuevo comisionado de paz, Danilo Rueda, y la Comisión de Paz del Congreso. “Eso no solamente para escuchar a la comunidad, sino para que sirva como un escenario que catapulte desde el propio territorio del Catatumbo, desde la zona más conflictiva hoy, que es Tibú, un mensaje directo a los grupos armados al margen de la ley con relación a la propuesta de paz”, dijo Juan Carlos Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

El movimiento campesino espera que en los primeros cien días del gobierno Petro se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional sobre la ampliación y clarificación del resguardo barí y la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

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