El documento presidencial implementará el Registro Nacional de Ofensores Sexuales que inhabilitará a quienes hayan cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que entrará en operación dentro de tres meses y será administrado por la Policía Nacional.
El anuncio lo hizo la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, y advirtió que estas personas quedarán inhabilitadas para acceder a un empleo que implique un trato habitual y directo con menores de edad.
Si los empleadores hacen caso omiso podrían ser sancionados con multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Proteger a los menores de edad de la violencia sexual es posible y es responsabilidad de todos. Esta semana, Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina en contar con una herramienta de este tipo que permitirá alejar a los abusadores de nuestros niños”, Pungiluppi.
El ICBF informó que diariamente abre 36 Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Además, el ICBF tiene actualmente, en abril de 2019, 17.671 víctimas de abuso sexual bajo su protección.
“Los agresores están más cerca de lo que queremos, el 45 por ciento de los casos reportados ante Medicina Legal, eran miembros de la familia”, puntualizó la funcionaria.
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