
La situación de orden público en el país sigue siendo bastante complicada, pues en varias regiones del país se han presentado hechos como ataques con drones en los que han salido heridos menores de edad, así como otros casos igual de lamentables como el secuestro de niños en departamentos como el Valle del Cauca.
(Vea también: “No tenemos negocios turbios”: familia de Lyan aclara qué hacen, para que no estigmaticen)
La historia que conmovió el país hace apenas unos días fue la del rapto de Lyan José Hortúa Bonilla, un pequeño de 11 años que se encontraba en su casa junto con su cuidadora, cuando un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al predio en medio de la noche y al no encontrar al padre ni a la madre, terminaron llevándose consigo al menor.
Lo que parecía ser un caso de secuestro exprés y perpetrado por las disidencias de las Farc, grupo que delinque en la zona, pronto pasó a convertirse en un grave caso de vendetta entre las mafias que también tienen operaciones delincuenciales en el occidente del país.
De hecho, luego de que se diera la información de Semana, en la que se culpa a ‘Diego Rastrojo’ del secuestro del pequeño, se conoció que en las negociaciones de liberación de Lyan, participaron “pesos pesados” de la mafia colombiana, según la publicación mencionada.
Fuentes cercanas a la familia del niño, que conocían a la perfección los movimientos de ‘los Rastrojos’, consultaron a las más altas esferas del crimen organizado en el Valle del Cauca. Figuras como alias ‘Pipe Tuluá’, ‘Alacrán’ y ‘Guacamayo’, todos presos y reconocidos en el mundo del narcotráfico, fueron contactados para mediar en su liberación, aunque se abstuvieron de intervenir directamente.
No obstante, los capos sí pidieron al mencionado combo delincuencial que respetara la vida del menor y permitiera la entrega de medicamentos esenciales, así como videollamadas con sus familiares durante el cautiverio.
El padrastro de Lyan, Joshua Suárez, confirmó que hablaron con el niño en al menos dos ocasiones y que durante los primeros cuatro días estuvo amarrado. También defendió su reputación ante las sospechas: “Tengo mi empresa de joyería hace 12 años y todo es legal”, declaró a las afueras de la clínica Valle del Lili, después de la liberación del menor.
La Policía Nacional estaba al tanto del secuestro y evitó operativos para no poner en riesgo la vida de Lyan. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos se retiraron del proceso de intermediación por el alto perfil criminal de los involucrados. “Si al niño le pasa algo, se nos cae la ciudad”, habría dicho uno de los oficiales, haciendo referencia al temor de que el hecho desatara una guerra entre estructuras criminales.
El padre biológico del menor, alias Mascota, fue un temido integrante de Los Rastrojos y cercano a otros capos como los tres mencionados anteriormente. Conocido también como el ‘Mochacabezas,’ por su presunta participación en desmembramientos, tenía un amplio dominio en Tuluá y fue asesinado tras recibir casa por cárcel. Su historial criminal, sumado al respeto que creó entre los capos actuales, habría sido clave para evitar que el secuestro escalara a una tragedia.
Fuentes cercanas a la familia mencionaron que la cifra económica que permitió la liberación de Lyan fue cercana a los 37.000 millones de pesos, según la casa periodística citada, y es producto de una supuesta deuda que esa familia tiene con ‘Diego Rastrojo’.
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