La construcción de la urbanización El Porvenir inició en el año 2018 para dar cumplimiento a la sentencia T/946-2011 de la Corte Constitucional que ordenó la reubicación de 802 familias desplazadas que habitaban en el sector de Sabanas en Valledupar, en terrenos de propiedad de Alberto Pimienta.
Han pasado 11 años desde que se tomaron las medidas para que esta población en condición de vulnerabilidad contara con una solución de vivienda digna y así poder superar el flagelo del desplazamiento.
(Le puede interesar: Muchos no lo sabían: existe un subsidio de vivienda para el mejoramiento de su casa)
El proyecto costó 24 mil millones de pesos, en los cuales varias entidades nacionales y territoriales hicieron los aportes, la caja de compensación familiar en cabeza de Frank Montero gerenció el proyecto, mientras que Fonvisocial, debió de canalizar la información de las 800 familias para la entrega de las viviendas; no obstante, solo se han entregado algo más de 100 viviendas.
Para ejecutar este proyecto se invirtieron $ 24.600 millones, de los cuales $ 10.000 millones fueron aportados por la gobernación del Cesar, mientras que el municipio hizo dos aportes, $ 11.000 millones del valor del lote y $ 5.200 millones para construcción, la Unidad de Víctimas entregó cemento, varillas, entre otros insumos por un valor de $ 1.500 millones y el Departamento para Prosperidad Social, DPS, aportó $ 1.300 millones para urbanismo. Este convenio se realizó durante el mandato del alcalde Augusto Ramírez Uhía y el gobernador Francisco Ovalle Angarita.
La primera piedra para la ejecución de la obra se puso el 23 de octubre de 2018, desde entonces han transcurrido cuatro años y pese a que las viviendas ya están aptas para ser habitadas, más de la mitad no han sido ocupadas por los favorecidos.
El proyecto cuyo objeto era la “construcción de vivienda de interés prioritario para población víctima del conflicto en la urbanización El Porvenir, municipio de Valledupar, departamento del Cesar”, fue ejecutado por el Consorcio Porvenir, integrado por las empresas JC Construcciones S.A.S, representada legalmente por José Carlos Guerra Fuentes y Proyectos e Inversiones Morón S.A.S, que tenía como representante a Luis Fernando Morón Vega; la interventoría del proyecto estuvo a cargo de la firma Cotes e Infraestructura S.A.S, en la que figura como representante legal Fausto Javier Cotes Maya, el encargado de gerenciar el proyecto fue la Caja de Compensación Familiar, Comfacesar, quien entregó a dedo el contrato al consorcio; sin embargo, hoy aseguran que la responsabilidad de la entrega de las casas es Fonvisocial.
Las trabas que han tenido los beneficiarios para recibir las viviendas
Para las 800 familias beneficiadas con la sentencia el acceso a las viviendas ha estado lleno de tropiezos, primero por el temor al desalojo de los lotes donde se habían establecido ubicados en Los Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa, de donde esperaban salir para obtener techo propio, pero muchas aún continúan esperando que les cumplan.
Pero quienes ya residen en El Porvenir también han enfrentado varios inconvenientes como el hecho de que el sector no cuente con vías de acceso y la incertidumbre que tenían hasta hace unos meses, porque, al parecer, algunas viviendas serían utilizadas para hospedar a los deportistas que lleguen a la ciudad a participar en los Juegos Bolivarianos, esto en caso de que la Villa Bolivariana no fuera terminada para las justas.
Los habitantes de El Porvenir manifestaron, “hemos tenido una batalla campal desde que llegamos, ellos dicen que los desplazados no han aparecido. Que se vayan a la invasión que allá hay bastante gente viviendo en peores condiciones que nosotros”.
También aseguraron que hubo falta de voluntad del municipio para entregar los inmuebles al resto de beneficiarios. “Les entregaron a 10 familias hace dos años, de ahí para acá han sido líos y problemas, a una vecina le tocó encadenarse en Fonvisocial para que le entregaran su casa, a las malas, siendo asignada por el Estado, eso no debería suceder en las administraciones. Hicieron estas cajitas de fósforo y nosotros las recibimos. Pero las vías de acceso fue un compromiso que antes de que recibiéramos las casas las arreglaban, ¿dónde están?”, cuestionó la comunidad.
¿Quién responde por la entrega de las viviendas?
En busca de dar respuesta a este interrogante El Periódico contactó a la gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar, Fonvisocial, Sol María Liñán, quien explicó que desde la entidad “se les hace un acompañamiento social a los beneficiarios toda vez que esta urbanización beneficie a las familias en condición de desplazados que salieron favorecidos y en la que el municipio de Valledupar está haciendo efectiva las entregas a medida que los beneficiarios se notifiquen”, dijo la funcionaria.
Asimismo, indicó que 113 familias ya se encuentran en los inmuebles. “Ya en esta semana están programadas otras familias a las cuales se le hizo validación de datos, ya que, la sentencia es precisa en los beneficiarios, quienes fueron los peticionarios en su momento”, puntualizó Liñán.
Por su parte, el director de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Comfacesar, Frank Montero Villegas expresó que a la entidad solo le correspondió aplicar los subsidios de vivienda y “gerenciar el proyecto de construcción en donde Fonvisocial aportó el lote y la gobernación, Unidad de Víctimas y DPS fueron aportantes de recursos atendiendo una sentencia judicial de reubicación”, señaló.
Cabe mencionar, que por el incumplimiento a la sentencia el alcalde, Mello Castro González fue sancionado el pasado 11 de agosto de 2021 con tres días de detención domiciliara tras no acatar la decisión emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, sobre la reubicación de estas familias.
LO ÚLTIMO
.svg)
