Hoy es un día clave para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según su cronograma, este martes 17 de octubre se conocerá al sucesor de Eduardo Cifuentes en la presidencia de la entidad, un cargo que, de cara a los esfuerzos de la “paz total” del gobierno Petro, será crucial para cualquier intención de desescalar la guerra en el país. Desde hace varias semanas la baraja de candidatos se ha estado moviendo y, para las elecciones de hoy, el tarjetón tiene prácticamente a dos candidatos, mientras que la vicepresidencia ya está cantada. El Espectador habló con varias fuentes de la Jurisdicción y este es el panorama para las elecciones de 2022.

Primero, la vicepresidencia. Varios magistrados y auxiliares le confirmaron a este diario que Belkis Florentina Izquierdo ya tiene los votos suficientes para ocupar este cargo. La magistrada está al frente del macrocaso 02, que investiga hechos victimizantes que sufrieron los habitantes de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño): uno de los primeros macrocasos en ser abiertos, del que aún no hay una sola imputación. Según fuentes cercanas a su despacho, a Izquierdo, indígena del pueblo arhuaco, le han gustado las tareas de la presidencia, pues en el último año ha sido la cabeza de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, cargo en el que culminará funciones en diciembre.

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Ella y el presidente que quede elegido serán claves para cualquier acercamiento que exista entre el gobierno Petro y la JEP. De acuerdo con el reglamento, en cabeza de esas dos dignidades está “la representación social e institucional y la vocería única de la Jurisdicción”. También deben ser el canal de comunicación con otras entidades, como la Fiscalía, y encargarse de la coordinación con los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso, desde ya hay una lista de temas cruciales que están en sus agendas.

Por un lado, la estrategia que consolide el Gobierno ante una posible entrega de armas y desmovilización del Eln, para someter a la justicia a esos hombres responsables de graves violaciones de derechos humanos, y el papel que podría cumplir la JEP. No solo porque podría ser una fórmula efectiva de justicia para un nuevo grupo que deja la guerra, sino porque sus lecciones serían claves para aplicar a este proceso de negociación de paz. Y, por otro lado, será esta nueva presidencia de la Jurisdicción la encargada de entregarle al país las primeras decisiones de fondo de la JEP, incluyendo las sentencias del Tribunal para la Paz.

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Aunque la vicepresidencia está cantada, el panorama para la presidencia no está tan claro. Más de cinco fuentes le confirmaron a El Espectador que los votos están entre los magistrados Camilo Suárez Aldana y Roberto Carlos Vidal López. El primero es presidente de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, y el segundo es magistrado de esa misma sala. Mientras que a Suárez Aldana lo respaldan la expresidenta de la JEP Patricia Linares y el magistrado Danilo Rojas -dos figuras influyentes en la JEP-, Vidal López tiene el apoyo de magistrados de la Sala de Reconocimiento y de Alejandro Ramelli, quien era el más opcionado para quedarse con el cargo, pero renunció por razones personales.

Cuando el nombre de Camilo Suárez Aldana trascendió entre la pareja con más chances de quedarse con la presidencia, abogados y organizaciones de víctimas levantaron la mano en señal de protesta. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda fueron algunas de las organizaciones que expresaron su preocupación por ese posible nombramiento. Su alarma está fundamentada en el pasado de Suárez Aldana como magistrado de la justicia penal militar.

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Para los abogados y víctimas, “su posible nombramiento al frente del órgano de gobierno de la JEP genera un riesgo a los principios de competencia, independencia e imparcialidad que deben caracterizar a la administración de justicia, así como la separación de poderes que está en los fundamentos del Estado social de derecho. Desde un inicio cuestionamos que se hubieran seleccionado para la conformación del Tribunal a magistrados provenientes del estamento militar, indudablemente el sector con mayor responsabilidad en la perpetración de crímenes de sistema”. Su posición frente a esta situación va más allá.

“Consideramos que la eventual decisión de nombrar en la presidencia de la JEP a un funcionario proveniente de la estructura castrense, afirmaría la existencia de un sesgo alejado de principios de genuina justicia restaurativa y de realización de los derechos de las víctimas”, resaltan las organizaciones. Por eso mismo, piden que el cargo sea ocupado por una persona que tenga como bandera la centralidad de los derechos de las víctimas y “que reconozca que las fuerzas militares y el Estado planearon y ejecutaron políticas, planes y patrones de macrocriminalidad”, y que esté dispuesto a esclarecer, con toda profundidad, casos como ejecuciones extrajudiciales.

Ante estas críticas, el magistrado Vidal López podría llevarse la delantera, pues su hoja de vida es diametralmente diferente a la del exmagistrado de la justicia penal militar. Es abogado e historiador de la Universidad Javeriana con doctorado en derecho. Ha sido catedrático universitario, investigador visitante de la Universidad de Essex (Reino Unido), consultor del Agustín Codazzi, asesor de la Fundación Ideas para la Paz, investigador de proyectos financiados con cooperación internacional y director del Instituto Pensar de la Javeriana. Así las cosas, hoy toda está listo para conocer al nuevo presidente de la JEP, que llevará la vocería de la Jurisdicción en tiempos en los que la paz vuelve a estar en todos los titulares.

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