Los oficiales son el general Martín Fernando Nieto Nieto y los coroneles Alexander Parga Rincón y John Ortiz Soto, a quienes la Procuraduría, según detalló en un comunicado, acusa además de “peculado a favor de terceros, malversación de recursos y falta a la verdad en la rendición de cuentas e informes”.
Simultáneamente, el Ministerio Público avanza en la indagación sobre la presunta adquisición de equipos de inteligencia, conocidos como “piñas”, que habrían sido destinados a la interceptación de comunicaciones de dirigentes políticos y sociales.
El presunto caso de corrupción fue desvelado en abril pasado por la revista Semana, que aseguraba que entre 2013 y finales de 2017 en el Comando General de las Fuerzas Miliares se desviaron grandes cantidades a bolsillos de oficiales o fueron destinados irregularmente para adquirir equipos para operaciones de espionaje.
Como parte de esa presunta corrupción se “inventaban fuentes” a las que debían pagar con regularidad a cambio de información, según la publicación.
Los gastos reservados son de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC) adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares (J2), y al Comando Conjunto de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares (CCONI).
Por otra parte, la Procuraduría detalló que uno de los cargos formulados al general Nieto Nieto es por “presunta negligencia en el control y manejo administrativo de la Rimec”, situación que al parecer permitió que soldados bajo su cargo hicieran “uso indebido de los dineros del rubro de gastos reservados”.
El otro cargo por el que deberá responder el general Nieto Nieto es por supuestamente haber faltado a la verdad en “certificaciones de pago a fuentes humanas hechas en 2017 porque el valor registrado no correspondería a lo que realmente se entregó”.
“Entre las pruebas con las que cuenta la Procuraduría figura que entre 2016 y parte de 2018 desde el Rimec se hicieron 159 pagos a colaboradores por cerca de 340 millones de pesos (unos 112.529 dólares), que fueron registrados como ‘gastos de operaciones de inteligencia’ y no como ‘pago de información, informantes o fuentes humanas ocasionales'”.
En las primeras indagaciones de la Procuraduría, varios de los acusados admitieron que defraudaron los recursos del sector de la Defensa.
El coronel Parga, por su parte, es acusado de “peculado por apropiación de los recursos asignados al rubro gastos reservados a favor de terceros” ya que cuando era comandante del Rimec el comité de pagos de esa regional “aprobaba un valor para ser reconocido a la fuente” pero “el agente de control entregaba una suma menor a la asignada”.
Asimismo deberá responder por haber suscrito actas de pago de información que, al parecer, no correspondían “a la verdad”.
Finalmente, el coronel Ortiz es acusado también de peculado a favor de terceros por haber coordinado que los dineros del “ahorro operacional” del Comando Conjunto de Inteligencia “fueran utilizados en la compra de elementos, sufragar gastos de capacitaciones, patrocinar viajes al exterior y adquirir bienes para desplegar labores de inteligencia.
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