Los militares fueron secuestrados en la toma que las FARC hicieron, en agosto de 1998, a la base antidrogas de Miraflores, Guaviare, que dejó tres civiles y 16 soldados muertos.

“Todas estas personas habían solicitado expresamente ser acreditadas como intervinientes especiales dentro del caso 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP), pues fueron mantenidas de manera prolongada en condiciones de cautiverio que investiga la Sala de Reconocimiento”, dijo la JEP en un comunicado.

Dentro de la investigación también fueron acreditados los familiares que sustentaron su parentesco con los uniformados.

La base, que acogía a militares y policías antidrogas, fue atacada entre el 3 y 5 de agosto de 1998 por más de medio millar de insurgentes y terminó con la muerte de tres civiles y 16 uniformados, así como con el secuestro de 22 miembros de la fuerza pública.

Este reconocimiento se da en el marco del caso conocido como secuestro, al que hasta ahora se han vinculado 47 exintegrantes de las FARC, convertida en partido político tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016.

Como víctimas acreditadas podrán ejercer su derecho a recibir medidas de protección, conocer la verdad sobre lo sucedido y las versiones de los comparecientes, así como garantizar que haya justicia, entre otras garantías.

Dentro del caso 001 la Sala de Reconocimiento ya ha acreditado a 205 víctimas, entre ellas políticos secuestrados presuntamente con fines de canje y otras personas para exigir el pago de extorsiones, entre otras.

Los casos de los militares acreditados por la JEP fueron documentados por la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides), que entregó un informe a la Sala el 30 de noviembre de 2018.

En ese grupo de víctimas también se reconoció a los familiares del exministro Gilberto Echeverri, del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y del teniente en retiro Claudio Ariel Acevedo Dussán.

De igual forma, lo están los comerciantes y ganaderos Helí Ipuz, Eduard Ipuz Rojas, Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera y Camilo Alejandro Casas Rodríguez.

Echeverri y Gaviria fueron asesinados en abril de 2003 junto a ocho miembros de la fuerza pública colombiana en un campamento de las FARC en las selvas de Urrao, localidad al suroeste de Medellín, la capital departamental de Antioquia.

El crimen de los funcionarios se registró casi un año después de que las FARC los secuestraran cuando encabezaban una caminata de solidaridad con un pueblo sitiado por los rebeldes.